Por qué debe bajarse el IVA al transporte público
Bruselas ha abierto una puerta que permite rebajar el gravamen de los billetes del 10% al 4%
Yo no soy tonto”, dicen en un anuncio relacionado con el día sin IVA. Nosotros tampoco. Y, lejos de pedir una exención para el transporte público, sabemos que si aplicamos un tipo superreducido del 4% a los precios de los billetes de autobús, metros y cercanías, en lugar del 10% actual, ganará el sistema y, en definitiva, ganaremos todos.
El fomento del transporte público no debe ser un mero eslogan publicitario. Tiene que ser una realidad, inaplazable, dados los altos niveles de contaminación y de congestión de tráfico en los grandes núcleos urbanos. Por nuestras ciudades. Por nuestro bienestar. Por nuestras economías. Y, a fin de cuentas, por todos y cada uno de nosotros. ¿Es normal que los billetes de autobús o metro estén gravados de igual modo que las cañas? ¿Tiene algún sentido que paguemos el mismo IVA por comprar unas entradas para asistir a un Real Madrid-Barcelona que por usar el transporte público para ir al trabajo o a clase?
Pues bien, la política fiscal, además de para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos comunitarios, puede servir para reducir las 31.000 muertes que cada año origina en España la contaminación atmosférica, ya que el tráfico rodado es responsable de la mitad de las emisiones dañinas en los centros urbanos -de las que la gran mayoría corresponden al tránsito de coches y motos-. Asimismo, buena parte de los accidentes tiene lugar en las ciudades, que en estos momentos, más que nunca, necesitan provocar un cambio modal.
Y ahora se abre una puerta para que impere la lógica, ya que la propuesta que realizó Bruselas hace unos días de flexibilizar el IVA facilitaría que el transporte público pudiera pasar del tipo reducido actual al superreducido, después de que las autoridades comunitarias hayan dado libertad a los estados miembros para aplicar un tipo u otro a la cesta de productos y servicios.
Se trata de decidir las prioridades. De saber qué es lo urgente y lo importante. No sé qué opinaría de esta propuesta el psicólogo Abraham Maslow, pero en la base de su famosa pirámide debería haber incluido la movilidad de las personas, ya sea para ir a trabajar o estudiar cada día, o sea cual sea el motivo de su desplazamiento. No obstante, casi la mitad de los viajes que realizan en España los 4,5 millones de personas que usan el transporte público diario son, precisamente, por pura necesidad.
Es decir, los autobuses, metros y trenes de cercanías garantizan un derecho universal, como es el de la movilidad, ayudan a la cohesión de los territorios y contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso a un mercado laboral tan desigual hoy en día. Visto lo visto, ¿alguien duda de que el transporte público es un bien básico?
Por ello, y por constituir el cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar, debería estar gravado como un bien o servicio de primera necesidad, es decir, al 4%. Sin embargo, hoy en día tributa como la hostelería o los espectáculos deportivos. Así, la reducción del IVA constituiría otro eslabón más de la cadena de acciones para ir cambiando progresivamente los hábitos de movilidad. Este cambio en la tributación inyectaría 150 millones de euros al sistema, que podrían revertirse, entre otras cosas, en reducir las frecuencias de paso y la duración de los trayectos o en hacer las flotas más sostenibles, lo que además de para fomentar el transporte público serviría para ganar usuarios y ayudaría a limpiar todavía más el sucio aire de las grandes ciudades, después de que el comisario europeo de Medio Ambiente haya dado un ultimátum a España para que actúe contra la contaminación.
De igual modo, permitiría tener más recursos para que, de una vez por todas, el transporte público lidere, como le corresponde, el replanteamiento de la movilidad en las ciudades sobre las bases de la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la experiencia de servicio de usuario. En este sentido, la materialización de la aún embrionaria propuesta de Bruselas –deberá de ser aprobada por unanimidad por todos los socios comunitarios- facilitaría aplicar al transporte público un tipo superreducido. Y, por ende, sería un paso más, y fundamental, para cambiar el modelo de movilidad urbana. No tanto por el impacto que tendría en los bolsillos del ciudadano como por el revulsivo que supondría para mejorar aún más la relación calidad-precio del sistema.
Y es que, actualmente, los costes de los billetes y abonos en España se encuentran muy alineados con los niveles de renta de la población y son más bajos que en otras ciudades europeas. De hecho, por citar sólo un ejemplo, el abono de transporte mensual en Berlín es casi 25 euros más caro que en Madrid, cuando ambas ciudades tienen un PIB similar, según datos del Barómetro EMTA 2015. Así pues, la rebaja del IVA sería otra palanca más, y determinante, para propiciar el cambio modal en las ciudades y para multiplicar por 20 el crecimiento de los usuarios del transporte público. Esta petición se enmarca dentro de nuestro Plan TP, en el que también plasmamos la necesidad de articular una ley de financiación del transporte público de ámbito estatal, de la que España es el único país europeo que carece, que ordene los recursos que se asignan al sistema y cuyo coste anual es de, aproximadamente, 5.000 millones de euros -de los que alrededor de un 50% se obtiene del precio del billete y el resto, de recursos públicos-. Porque para no ser tontos no vale con decirlo, ni con aparentarlo, sino que hay que demostrarlo.
Jesús Herrero es secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC)