37.000 millones en planes de pensiones podrán rescatarse de golpe el 1 de enero de 2025

El Gobierno aprueba la retirada voluntaria del ahorro de jubilación privado tras una década

El sector deberá modificar multiplicar la liquidez disponible y variar su estrategia de inversión

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El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto por el que se permitirá que quienes hagan aportaciones a planes privados de pensiones puedan rescatarlos, si así lo desean, transcurridos 10 años desde el ingreso realizado. La medida, pensada para incentivar las aportaciones a planes privados de ahorro para la jubilación, se hará efectiva desde el 1 de enero del año 2025, cuando podrán retirarse voluntariamente las aportaciones realizadas antes de 2015. Ese día solo se podrán retirar las cantidades concretas aportadas al menos una década antes, no toda la cuantía de un plan, pues los montantes se irán liberando según cada euro aportado cumpla 10 años. La proyección realizada por este diario indica que el día de Año Nuevo de 2025 podrán rescatarse de golpe hasta unos 37.000 millones de euros.

A cierre de 2014, el patrimonio de los planes de pensiones privados individuales era de 64.245 millones de euros, según los datos de Inverco, patronal del sector. Sin embargo, a esa cifra habría que restarle los cerca de 2.700 millones que se van retirando cada año (el grueso por quienes acceden a la jubilación y unos 500 millones por casos de desempleo de larga duración, desahucio de vivienda habitual o invalidez, en los que ya se permite el retiro anticipado).

Así, para 2025, restarán unos 37.000 millones con una década de antigüedad, que serán rescatables. La medida obligará a rediseñar la estrategia de inversión de las gestoras de planes, que deberán reservar una liquidez muy superior a partir de 2025 para afrontar las retiradas voluntarias además de las recurrentes. La estimación es que el dinero reservado para pagar podría pasar del 5% actual a cerca de un tercio del total del patrimonio.

Estos datos corresponden únicamente a los planes individuales. Incluyendo los de empleo de las empresas o los asociados, en España existen hoy más de ocho millones de personas que tienen contratados planes de pensiones privados por valor de más de 106.000 millones de euros, según el Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, señaló además que estos planes son productos con baja rentabilidad y a los que se carga con “comisiones demasiado elevadas”. Por eso, tras haberlas rebajado ya en 2014, el Ejecutivo ha vuelto a reducir el coste de los planes bajando la comisión media del 1,75% al 1,45%. En concreto, las comisiones de gestión pasarán del 1,5% al 1,25%, de media y el coste de depositaría baja del 0,25% al 0,2%. El tope a la comisión máxima de fondos de renta fija pasa del 1,5% al 0,85%; en renta variable se mantiene en el 1,5% y en las mixtas, pasa al 1,3%.

La medida no ha gozado del apoyo del sector de compañías de planes de pensiones que considera que el decreto puede suponer un efecto llamada que propicie retiradas masivas del capital ahorrado. El Ejecutivo, a su vez, sostiene que busca animar a quien no lo hace a realizar aportaciones a planes privados para el retiro laboral con la confianza de que podrá rescatar parte del dinero si lo necesita transcurrido un plazo prudencial.

Durante la negociación, se llegó a plantear imponer un límite de retirada anual de 10.000 euros para evitar rescates generalizados de las aportaciones pasadas si bien este tope ha sido finalmente retirado de la norma.

Durante el debate previo a la redacción de la norma también se han estudiado distintos ejemplos internacionales y nacionales de la puesta en marcha de legislaciones similares. Así, mientras que la experiencia en Reino Unido muestra que se produjeron salidas importantes de los planes de pensiones alcanzada la fecha en que era posible su rescate, los planes de País Vasco se han convertido en un referente de prudencia, donde las aportaciones prácticamente no se han retirado pese a existir el rescate anticipado.

A preguntas de la prensa, el ministro portavoz aseguró que la medida para fomentar los planes de pensiones privadas no supone una desconfianza en el sistema público de pensiones. El portavoz del Ejecutivo aseveró que se trata de “estimular el ahorro” complementario al sistema nacional destacando que en paralelo el Gobierno mantiene su empeño en “garantizar” las pensiones públicas. En todo caso, Méndez de Vigo, avanzó que ve necesario que los distintos grupos políticos analicen la transformación demográfica de la sociedad en el marco del Pacto de Toledo para establecer medidas, con el máximo consenso posible, que garanticen las pensiones públicas en el futuro.

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