El Gobierno aprueba el rescate de los planes de pensiones a los 10 años
El dinero ingresado en 2015 podrá retirarse a partir de 2025 El Consejo de Ministros endurece el control de blanqueo en alquileres y 'crowdfunding'
El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado definitivamente la posibilidad de que quienes hagan aportaciones a planes privados de pensiones puedan rescatarlos si así lo desean transcurridos 10 años desde el ingreso realizado. La decisión de aprobar esta semana la medida, cuyo contenido ya fue anunciado con anterioridad, fue avanzada este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La medida, pensada para incentivar las aportaciones a planes privados de ahorro para la jubilación, beneficiará a las aportaciones realizadas antes de 2015 lo que permitirá su retirada voluntaria a partir del 1 de enero del año 2025. Solo las cuantías aportadas antes de ese año podrán retirarse a mediados de la década de los años 20, no la totalidad de los fondos correspondientes al plan que se hayan realizado en los ejercicios siguientes.
En España existen más de ocho millones de personas que tienen contratados planes de pensiones privados por valor de más de 106.000 millones de euros. El Gobierno ha recordado que se trata de productos con baja rentabilidad y a los que se carga con “comisiones demasiado elevadas”.
Por eso, tras rebajarlas en 2015, el Ejecutivo ha vuelto a decidir reducir el coste de estas comisiones con una rebaja en tres tramos. Como resultado, el coste de estos planes pasará de estar cargado con recargos por el 1,75% a una media del 1,45%.
En concreto, las comisiones de gestión pasarán del 1,5% al 1,25%, de media; el coste de depositaría baja del 0,25% al 0,2%. Del lado de la gestión, la comisión máxima del fondo de renta fija pasa del 1,5% al 0,85%, la de renta variable se mantiene en el 1,5% y el resto, las mixtas, al 1,3%.
Una decisión polémica
La medida no ha gozado del apoyo del sector de compañías de planes de pensiones que consideran que la medida puede suponer un efecto llamada que propicie retiradas masivas del capital ahorrado, mientras que el Ejecutivo aspira a animar a quienes no lo hacen a hacer aportaciones a planes privados para el retiro laboral con la confianza de que podrán rescatar parte del dinero si lo necesitan transcurrido un plazo prudencial.
Durante la negociación previa, se llegó a plantear imponer un límite de retirada anual de 10.000 euros para evitar rescates generalizados de las aportaciones pasadas si bien este tope ha sido finalmente retirado de la normativa abordada este viernes por el Consejo de Ministros.
Durante el debate previo a la redacción de la norma se han manejado distintos ejemplos internacionales y nacionales de legislaciones similares puestas en marcha. Así, mientras que en Reino Unido se produjeron salidas importantes de los planes de pensiones alcanzada la fecha en que era posible su rescate, los planes de País Vasco se han convertido en un referente conservador, donde las aportaciones prácticamente no se retiran pese a existir esa posibilidad.
Las pensiones públicas
A preguntas de la prensa, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que la medida para fomentar los planes de pensiones privadas no supone una desconfianza en el sistema público de pensiones.
El portavoz del ejecutivo ha aseverado que se trata de “estimular el ahorro” complementario al sistema nacional destacando que en paralelo el Gobierno mantiene su empeño en “garantizar” las pensiones públicas.
En todo caso, Méndez de Vigo, ha avanzado que ve necesario que los distintos grupos políticos aborden, en el marco del Pacto de Toledo, la transformación demográfica de la sociedad para, desde el máximo consenso, establecer medidas que garanticen las pensiones públicas.
Control del blanqueo en alquileres
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado también que el Gobierno ha tomado medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.
Entre otras, se endurece la supervisión de los alquileres, estableciendo controles para pagos de renta superiores a los 10.000 euros al mes, así como para el control de las plataformas de economía y financiación colaborativa como el crowdfunding.
Además, se conmina a bufetes de abogados, bancos, aseguradoras y otros grupos a establecer mecanismos de denuncia interna de operaciones sospechosas de blanqueo que se canalizarán a través del Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Además, se endurece el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo, pasando la multa máxima del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo.
