¿Otra vez sin Presupuestos y sin obra pública?
Es el momento idóneo de potenciar la inversión productiva debido a la recuperación
La consolidación fiscal de nuestras cuentas públicas ha supuesto un frenazo a la inversión pública, cuyo recorte durante los últimos ocho años ha representado el 55% del ajuste total realizado en el gasto público. Si en 2007 la inversión suponía el 4% del PIB y el 12% del gasto público total, hoy esta relación no alcanza la cota del 5%. Ello ha situado nuestro nivel de inversión pública en infraestructuras en niveles de hace 23 años, representando el menor ratio de inversión sobre el PIB (el 1,9%) de toda nuestra serie estadística.
Si nos ceñimos a los grandes proveedores de infraestructuras (Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sus organismos, entidades públicas, empresas y sociedades) la inversión realizada se sitúa en el 0,6% del PIB, nivel mínimo en la serie histórica disponible desde 1995 (2% en 2009).
Es una cifra escandalosa que además tiene un impacto tremendo sobre el estado de las infraestructuras. Por primera vez estamos perdiendo stock de capital público, cosa que no había ocurrido en el pasado. La evolución del stock de capital público desde 2009 contrasta por completo con la que tuvo lugar en los años anteriores.
Para el total nacional, de 2000 a 2009 el capital público aumentó a una tasa anual de casi el 4%, frente a un 0,3% de 2009 a 2013 y era ya negativa en nueve Comunidades Autónomas (según datos de la Fundación BBVA).
La Comisión Europea, en su último informe anual sobre las finanzas públicas de los países de la Eurozona, alerta a España de que “hay preocupación por el nivel históricamente bajo de inversión de sus autoridades territoriales” (el 1,3% del PIB en 2016). El Gobierno central también recortó un 10,9% el desembolso destinado a estas partidas, y la Comisión Europea le avisa de que el 1,9% del PIB de inversión pública que registró España en 2016 está por debajo de la media europea, del 2,6%.
Esta caída de la inversión, en palabras de Bruselas, "puede condicionar la capacidad de convergencia entre regiones" y debe añadirse que puede comprometer seriamente la calidad de los servicios provistos y la competitividad del país.
La industria de la construcción de obra pública se encuentra hoy en una situación insostenible, con un peso en el conjunto de la economía española en absoluto acorde con su potencial dinamizador de la actividad económica y del empleo, por lo que llama singularmente la atención que con los niveles de crecimiento económico alcanzados en los tres últimos años la estructura presupuestaria siga perseverando sustantivamente contra la inversión pública.
La construcción, las infraestructuras y la edificación son el sector productivo con mayor capacidad de generación económica. Cada euro de inversión en infraestructuras casi duplica su valor en actividad (1,92 euros); y es el sector que más rápida e intensamente crea empleo, pues por cada millón de euros invertido en infraestructuras se generan una media de 14 puestos de trabajo directos e indirectos, siendo esta cifra muy superior cuando hablamos de edificación; y su retorno fiscal supera el 50% mediante impuestos, tasas y cotizaciones.
Por ello debemos insistir en que la inversión pública de cara al equilibrio fiscal es un activo y no debe considerarse simplemente como consumo y que la construcción de cara a las familias es la que mejor permeabiliza el crecimiento económico.
En el pasado ejercicio nos encontramos con unos Presupuestos Generales del Estado que en el conjunto de las partidas inversoras del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente representaron una reducción de un 22% respecto a 2016, descenso proveniente de las obligaciones no ejecutadas en ese ejercicio y no acumuladas al nuevo presupuesto, todo ello favorecido por el retraso en configurar Gobierno y por tanto en la tramitación de los Presupuestos en las Cortes Generales.
Por cierto que no cumplir con la ejecución presupuestaria tiene consecuencias sobre los servicios públicos y deberían reponerse las obligaciones contraídas.
Hoy nos encontramos en una situación parecida pues los Presupuestos de 2018 no se han empezado a tramitar en el plazo temporal idóneo y pesa sobre ellos una alarma de prórroga de los existentes y un nuevo impacto pernicioso sobre la inversión pública, poniendo en riesgo una vez más un gasto que beneficia al conjunto del país, mediante su impulso al PIB, a la calidad de las infraestructuras y a la generación de empleo cualificado.
El momento de potenciar la inversión productiva es, además, idóneo debido a la sólida recuperación.
Desaprovechar esta ocasión tendrá consecuencias en la economía, en la calidad de los servicios y en el bienestar de los ciudadanos.
Juan Lazcano Acedo es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción