Un sistema de pensiones sostenible, pero insuficiente
Las reformas paramétricas llevadas a cabo hasta ahora no han resuelto un problema que es estructural
En los últimos días se ha estado debatiendo sobre las diferentes propuestas en relación a la financiación del sistema público de pensiones con el fin de hacer sostenible el actual sistema de reparto de caja, muy debilitado y con visos de mantener la tendencia bajista.
Dichas sugerencias vienen provocadas por las cifras escalofriantes con las que culminó 2017. La Seguridad Social cerró con un déficit superior a los 18.000 millones, con 600.000 nuevos afiliados, lo que aproxima la cifra total a los 18,5 millones y con una recaudación por cotizaciones sociales que, probablemente, acabará en máximos históricos; con todo ello nos encontramos que no hay fondos suficientes para hacer frente a las 14 pagas de las pensiones.
Los nuevos cotizantes aportan menos al sistema que los que había anteriormente, como consecuencia de unos menores salarios y por lo tanto de aportaciones inferiores en concepto de bases de cotización. La realidad es que el salario medio de los que apenas llevan un año en el mercado es de 1.230 euros brutos al mes, lo que representa que los nuevos contratados cobran 100 euros menos que los recién jubilados.
Dado que el crecimiento del mercado laboral se antoja insuficiente para reducir el déficit del sistema público de pensiones y dando absoluto protagonismo al Pacto de Toledo, en relación a su finalidad de dar viabilidad al actual sistema de reparto de caja, las diferentes organizaciones políticas trasladan sus planteamientos. El órgano gubernamental plantea a la hora de calcular la pensión que los trabajadores con largas vidas laborales (35 o 40 años de cotización) puedan esgrimir su contribución de toda la vida laboral pudiendo a su vez descartar entre uno y cinco ejercicios de sus peores años de cotización, para que no se vea reducida su pensión. Paralelamente y con el fin de prolongar la permanencia en el mercado laboral, también ha planteado la posibilidad de hacer compatible el cobro de la pensión con la continuidad laboral una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación.
Desde Ciudadanos apoyan dicho planteamiento, que de toda una vida laboral completa se pudiese elegir los 25 años con mayor base de cotización, aunque incide en que esta medida no será la salvación del actual sistema público de pensiones.
El PSOE aboga por financiar las pensiones a través del incremento del impuesto de sociedades a las entidades financieras e incorporando la famosa tasa Tobin, tributo adicional a las transacciones financieras.
Podemos no apoya alguna de las proposiciones pero tampoco descarta ninguna de ellas. En relación a los años de cálculo de la pensión, reduce el número de años a 20 y con respecto al planteamiento de la tasa Tobin, añade elevar 10 puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras durante al menos cinco años.
Al margen de los diferentes planteamientos, los cuales tienen que ser analizados, debatidos y aprobados en el seno del Pacto de Toledo, lo que queda en total evidencia es que nuestro actual sistema público de pensiones será totalmente insuficiente, ya que no soportará, durante mucho más tiempo, el monto actual de pensiones, tal y como comentaba hace varios años: “Nuestro sistema público de pensiones siempre será sostenible, ahora bien, sin ánimo de generar alarma alguna, será totalmente insuficiente”.
El sistema de reparto de caja tiene una serie de fisuras que provocan esta falta de suficiencia, dado que está expuesto tanto a los desequilibrios demográficos como a crecimientos económicos fluctuantes. Dentro de estas fisuras, tenemos la tasa de dependencia, entendiendo por tal el envejecimiento de la población, el cual acelera a un ritmo vertiginoso presionando la sostenibilidad económica del sistema. La tasa de reemplazo, porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo, situándose en el 82%, lo que supone 19 puntos más que el promedio de los países miembros de la OCDE. Otros de los factores que influyen directamente es la edad de jubilación, 65,8 años para los hombres y 65,5 para las mujeres, siendo sustancialmente inferior a lo proyectado por nuestros países vecinos y viéndose estancadas desde el año 2010. Como última fisura podríamos hacer mención a la falta de incentivos que promuevan compatibilizar trabajo y cobro de la prestación, así como para extender las vidas laborales después de la edad ordinaria de jubilación.
Todas las propuestas vertidas son las que denomino reformas paramétricas, ya que se basan en la modificación de ciertas variables manteniéndose la esencia del sistema. Hasta la fecha, en base a las reformas anteriores, es obvio pensar que las reformas paramétricas son insuficientes, por lo que ha llegado el momento de valorar la reforma estructural del sistema, habiendo una mayor proporcionalidad entre las aportaciones y las prestaciones, manteniéndose el grado de solidaridad. “Un colectivo inferior nunca podrá financiar a un colectivo superior”.
Julio Fernández García es profesor del IEB