Rentabilidad y demanda en la planificación estratégica de las infraestructuras
El Ministerio de Fomento quiere privatizar en 2018 las nueve autopistas que quebraron por bajo tráfico
La decisión del Ministerio de Fomento de sacar al mercado en dos lotes el conjunto de autopistas que han quebrado por baja densidad del tráfico abrirá un calendario de gestión de los activos que el Gobierno quiere cerrar en 2018. La previsión de ingresos por esas privatizaciones oscila entre 700 y 1000 millones de euros por una nueva concesión de una duración de 25 años. La hoja de ruta de Fomento, que desarrollará Seittsa, la sociedad estatal encargada de aglutinar las nueve autopistas en liquidación, se pondrá previsiblemente en marcha entre febrero y marzo, aunque el calendario final está en manos del juez que tramita las liquidaciones.
Las razones que explican la quiebra de las autopistas, tanto de las siete agrupadas en el lote de Madrid como de las restantes que configuran el lote de Levante, pueden resumirse en dos. Por un lado, la fuerte caída de la demanda de tráfico respecto a las previsiones iniciales, como consecuencia de la crisis económica que ha sufrido España en los últimos años, y por otro, el elevado montante de sobrecostes de expropiación que han recaído sobre estas infraestructuras. Dado que se considera que ni una ni otra razón pueden atribuirse a las concesionarias, sino que son condiciones sobrevenidas e inesperadas, corresponde al Estado compensar a las empresas por el lucro cesante en calidad de responsabilidad patrimonial de la Administración. Aunque resta todavía estimar la cuantía de esa indemnización, que Fomento podrá fijar en seis meses a partir de la transmisión de los activos a Seittsa, todo apunta a que será multimillonaria y computará como déficit público. Precisamente por esta última circunstancia, el Gobierno quiere aglutinar todas las operaciones este año y conformar así un único impacto en la contabilidad pública.
Es evidente que para lograr ese objetivo juegan también los plazos de las liquidaciones, pero el Gobierno debe hacer todo lo posible para cumplir escrupulosamente el calendario. Como también ha llegado la hora de abrir una reflexión sobre la necesidad de planificar más estratégicamente las infraestructuras de forma que pueda garantizarse, con mayor seguridad, su rentabilidad y su demanda.