El impuesto de patrimonio, a la espera de los presupuestos generales
El inicio del año suele venir acompañado de noticias con las novedades en diferentes ámbitos, entre ellos el fiscal. Durante los primeros días de enero pudimos leer que el Ejecutivo no había incluido la prórroga del Impuesto de Patrimonio en el Boletín Oficial del Estado, como en años anteriores. Esta noticia no implica que el impuesto vaya a desaparecer, puesto que el Gobierno tiene margen de maniobra y puede incluirlo cuando se aprueben los presupuestos generales o puede recurrir a un Real Decreto.
El Impuesto de Patrimonio es un impuesto progresivo, de carácter personal y directo que grava el patrimonio de las personas físicas (a 31 de diciembre de cada año) cuando este supera una determinada cantidad. En concreto, en la actualidad se paga este impuesto cuando se tiene un patrimonio superior a 700.000 euros, con carácter general, aunque, como se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, algunas han modificado este umbral.
Se trata de un impuesto que ha generado cierto debate. En 2008 el Gobierno lo eliminó, aunque se recuperó de forma temporal en 2011 y 2012. Desde entonces, se ha ido prorrogando anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado (de 2013 a 2016) o a través de Real Decreto (año 2017).
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Si el Gobierno no lo renovase, la decisión tendría un impacto importante no solo para los bolsillos de los ciudadanos que deben pagarlo, sino en las arcas de algunos gobiernos regionales. Este impuesto, que fue creado a finales de los setenta, recaudó en el conjunto de España en 2016 más de 1.200 millones de euros y la comunidad que más recauda por este impuesto es Cataluña (casi 500 millones de euros en 2016).
El Impuesto de Patrimonio, al igual que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puede variar significativamente de unas comunidades a otras. Así, en Madrid se encuentra bonificado al 100%, mientras que en Cataluña han reducido el mínimo exento.
Por este motivo, el comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica aboga por armonizar ambos tributos, fijando un mínimo exento amplio y una base imponible homogénea. Parte de los miembros del comité consideran que es un impuesto que debería de suprimirse, ya que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero otra parte de los expertos considera que algunas comunidades no pueden perder esta fuente de financiación.
Por lo tanto, la falta de prorroga presiona a las comunidades que lo ingresan, que deberán esperar a la negociación de los presupuestos generales.