La Audiencia absuelve a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones

Afirma que no se ha acreditado el delito de administración desleal

Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega se embolsaron 16 millones antes del concurso

La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para el expresidente Felipe Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

Según informaron fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera que los 11,4 millones de euros percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, se adecuaban a la normativa legal y contractual.

Razón por la que también rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión y que ahora quedan exonerados al no haber pruebas de que actuaran “torticeramente en la elaboración de los contratos mercantiles”.

Los magistrados exponen que no ha quedado acreditado que estos contratos, suscritos por la alta dirección de la multinacional sevillana en febrero de 2015, fueran elaborados para favorecer “improcedentemente” a Benjumea y a Sánchez Ortega. Para el tribunal, los contratos fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos, sin que aparezca que los acusados intervinieran en la redacción de las cláusulas, las cuales recogían conceptos “ya establecidos o imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de perfiles similares”.

Otra causa pendiente

Al margen del presente procedimiento, la gestión de Benjumea y Sánchez Ortega al frente de Abengoa es objeto de la causa por presunta falsedad contable que actualmente instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Tras conocerse la sentencia Felipe Benjumea consideró este viernes que el fallo demuestra que el consejo de administración de la empresa actuó correctamente y que Banco Santander “intervino en las decisiones de la firma, forzando su salida”, en pleno proceso de ampliación de capital, informa Ep.

Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, dijo que lo que le preocupa es la viabilidad de la empresa como compañía innovadora. Del mismo modo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, indicó que lo importante es la “solvencia” de la empresa.

Tras el proceso de reestructuración, la cifra de negocio la cifra de negocio mejoró el 5,5 %, hasta 1.100 millones de euros, hasta septiembre de 2017, y el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 69 millones, frente al saldo negativo de 90 millones que arrojó un año antes.

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