Antoni Cañete: "“Las empresas morosas pagarán multas en 2018”

“Las sanciones se fijarán por el retraso en el pago, la cuantía y la reiteración” “Las pymes no tendrán que adelantar el IVA de facturas que no hayan cobrado”

Acaba de ser reelegido como presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, desde donde ha dirigido una lucha histórica contra la morosidad de las administraciones públicas y de las empresas. Representa a 1,5 millones de empresas, que a su vez emplean a 4 millones de trabajadores. Los impagos desde las administraciones, especialmente las autonómicas, se corrigieron con los sucesivos planes de pago a proveedores y la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la morosidad privada tiene los días contados con la futura Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad.

La proposición de ley, presentada por Ciudadanos y respaldada por todos los partidos políticos, podría acabar su tramitación y ser aprobada antes de verano. La primera propuesta recoge un régimen sancionador para las empresas que no paguen sus facturas en el período que marca la ley (60 días), graduado en función del volumen del impago, la reiteración y el retraso que acumulen, que fija multas de hasta 820.000 euros. Cañete también se muestra muy satisfecho por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público que, en su opinión, “marcará un antes y un después en la contratación pública”.

R. La corrupción ha sido la protagonista de la contratación pública, con casos como Gurtel, Púnica o Lezo, en los que se han visto afectados un gran número de empresarios y representantes políticos. ¿Cree que la nueva norma que regulará los contratos públicos en España acabará con la proliferación de este tipo de comportamientos?

R. Es una ley histórica. Hemos hecho un trabajo muy importante porque la primera proposición que se presentó hace un año era claramente involucionista. Le hemos dado la vuelta como un calcetín y creo, aunque suene presuntuoso, que hemos puesto orden en una norma que mueve 180.000 millones de euros al año, el 18% del PIB. Se trata de la ley más importante tras los Presupuestos Generales del Estado. Ha habido cuestiones que han pasado desapercibidas.

R. ¿Cuáles son las principales novedades que incluye?

R. La principal es la de dividir los concursos en lotes. Tal y como estaba redactada la propuesta inicial se podían establecer muchas excepciones y era un coladero para que se produjeran las anomalías del pasado. Las condiciones que hasta ahora se incluían, por ejemplo, en un concurso de limpieza convocado por el gestor ferroviario Adif limitaba a dos o tres grandes empresas como posibles beneficiarias, lo que dejaba fuera a un gran número de pymes. Aunque la norma no ha entrado en vigor todavía (lo hará el 8 de febrero de 2018, cuatro meses después de su publicación en el BOE) ya ha empezado a cambiar la manera de actuar en algunos concursos, que se han paralizado al no adecuarse a las nuevas condiciones. Esta era una prioridad fundamental para que las pymes pudieran entrar en los concursos públicos.

La directiva europea que se ha traspuesto a la legislación española también daba posibilidades de que la administración tuviera relación directa con el subcontratista, mientras que la ley española no la reconocía en primera instancia. Ahora sí lo hemos conseguido. El gran cambio es que a partir del 1 de junio de 2018, los subcontratistas principales tendrán una relación con el contratista principal a través de factura electrónica. El pago mediante ese medio evitará el fraude: ya no se podrá engañar con la fecha de emisión de la factura y habrá trazabilidad para saber cuándo se paga y se cobra realmente.

R. Esta norma endurece el control sobre el sector público, pero aún queda por hacer en las relaciones comerciales entre empresas. Desde la plataforma que dirige confía en que la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad lo controle.

R. Todos los grupos políticos apoyaron la proposición y en febrero entrará en Comisión. Hay muchas posibilidades de que esa ley vea la luz antes de que acabe el verano. Estamos trabajando con ese escenario:que nos vayamos de vacaciones con esa ley aprobada. Se fijan sanciones leves, graves y muy graves en función de los días de demora frente al límite legal, el volumen del impago y la reiteración en la morosidad. Cuando han pasado pocos días, la cuantía es pequeña y es la primera vez se considera una causa leve. En el momento en el que se repita el impago, la sanción pasa a ser grave y si la cuantía y el retraso se prologan en el tiempo pasán a ser muy graves, con sanciones que llegarán hasta los 820.000 euros. Lo importante es que las empresas morosas pagarán multas en 2018.

R. ¿Cuál es el principal escollo que prevé en su tramitación?

R. El principal problema está en saber quién va a imponer las sanciones. Ninguna administración quiere hacerse responsable de ellas. Pero ese no es mi problema. Lo que sí voy a exigir, como representante de 1,5 millones de empresas, es que se impongan y que se gestionen de forma eficaz. Las tres claves de la norma es que se creará un observatorio contra la morosidad liderado por Hacienda, que habrá un arbitraje previo en el caso de que haya un conflicto entre empresas y que las compañías no estarán obligadas a pagar el IVA de facturas no cobradas. No tendrán que adelantar ese impuesto si no han cobrado de su proveedor. 

R. Esta última propuesta era una vieja reclamación de la Plataforma que dirige y que no había conseguido hasta ahora el apoyo de los representantes políticos.

R. Hicimos una propuesta hace un par de años en que si un proveedor no cobraba en 60 días una factura, la norma tenía que establecer mecanismos de compensación. La actual propuesta establece que el pago del IVA, que merma el circulante de la pequeña y la mediana empresa, hay que requerírselo a aquel que no me ha pagado mi factura. Otra de las vías que Hacienda está barajando es la posibilidad de establecer un recargo. En cualquier caso, la propuesta, a falta de definirla, se incluirá en la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad y dará oxígeno a las pymes.

R. En la negociación de la ley de contratos públicos hubo muchas presiones por parte de las grandes empresas, ¿prevé que también lo haya en el caso de la norma contra la morosidad?

R. Seguro. Siempre buscan el truco y nunca el trato. Las principales presiones proceden de las grandes superficies, que alegan que ellos ya están regulados por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), que les obliga a pagar a 30 días los productos frescos y a 60 los perecederos. Lo que pretenden es que los plazos de pago de todos los bienes que no estén en esas categorías puedan negociarse, instaurando algo parecido a un pacto entre partes (acuerdo por el que se cierra una venta a cambio de renegociar los plazos de pago). Ya lo hicieron en 1996, fecha en la que entró en vigor la Lorcomin, cuando introdujeron a última hora y sin previo aviso una enmienda que les facultaba a pagar a 90 días en determinadas circunstancias.