El FROB cree que la "incapacidad" de los gestores de Popular para resolver la crisis no empezó en junio

Este organismo ha remitido a la fiscalía 57 informes sobre posibles irregularidades de las cajas por 3.704 millones de euros

Advierte sobre los riesgos de Sareb para devolver las ayudas

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El presidente del FROB, Jaime Ponce, ha explicado hoy en el Congreso que este organismo ya ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada 57 informes forensic relativos a operaciones irregulares correspondientes a las antiguas cajas de ahorros intervenidas. El prejuicio económico de estas irregularidades suman un valor total de 3.704 millones de euros.

El importe total de ayudas concedidas por el FROB ascienden, según datos facilitados por Ponce en la comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso, a 56.545 millones de euros, que no incluyen los 20.182 millones aportados por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos, ni los 40.925 millones de euros en avales del Estado otorgados a Sareb y cuyo saldo no se ha devuelto aún.

El FROB ha explicado que del conjunto de estas ayudas para recapitalizar a las cajas de ahorros debilitadas hasta la fecha se han recuperado 5.911 millones de euros, de los que 4.477 millones corresponden a los diferentes procesos de venta de entidades y repago de instrumentos de deuda y 1.434 millones son intereses percibidos por el FROB por este instrumento. Y ha recordado que el FROB ha recibido 2.122 millones por la venta en dos fases del 14,5% del capital de Bankia, y 535 millones en dividendos. En total, se han recuperado el 15% de las ayudas.

La recuperción de las ayudas depende de la venta del 60,6% que tiene aún el FROB en Bankia, y de "la evolución de Sareb, una evolución no exenta de riesgos significativos derivados del comportamiento del mercado inmobiliario", ha explicado Ponce. A ello, hay que añadir las garantías ofrecidas por el FROB en los procesos de desinversión a las entidades que han adquirido cajas de ahorros en subasta como Sabadell con CAM, BBVA con Unnim o Banesco con Abanca, y que la posible desviación sobre la pérdida esperada se estima en la actualidad en 2.500 millones de euros.

El presidente del FROB ha rechazado que la institución vaya a acometer una "venta forzosa" de Bankia y ha apuntado que desinvertirá la participación que mantiene en la entidad cuando haya "ventanas de oportunidad". "Nuestra responsabilidad es seguir avanzando. Haremos un seguimiento continuado del mercado y cuando encontremos ventanas de oportunidad seguiremos haciendo operaciones en el mercado", ha apuntado durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera.

Durante la réplica a los grupos presentes en la comisión, Ponce ha añadido que el objetivo del FROB es desinvertir su participación en Bankia, que será del 60,93% tras la integración de BMN, antes de diciembre de 2019.

Ponce ha afirmado que la última colocación que ha realizado el organismo de un 7% del capital en Bankia "mejora la liquidez de la acción". "Aunque el grueso de la venta está aún por desarrollarse, entendemos que esta operación mejora la liquidez de la acción y abre el abanico de opciones para ejecutarla en el futuro", ha indicado.

El FROB, a través de BFA, de la que es propietario al 100%, colocó la pasada semana un 7% del capital de Bankia por un importe total de 818,3 millones de euros, a razón de 4,06 euros por acción, lo que implica un descuento del 2,71% respecto al precio que los títulos del banco tenían
cuando se lanzó la colocación.

Previamente, en 2014, el organismo presidido por Ponce desinvirtió otro 7,5% de Bankia, operación  por la que ingresó algo más de 1.300 millones de euros.

Ponce ha explicado que el FROB decidió desinvertir por segunda vez en Bankia el 11 de diciembre dado que, tras la valoración de los expertos sobre la situación de la entidad, el interés, el apetito y la demanda, se concluyó que era el momento "óptimo". 

Sobre la resolución de Banco Popular, el protagonista de la sesión de hoy en el Congreso, el responsable del FROB ha declarado que si se hubiera dejado caer esta entidad y en vez de venderse a Santander por un euro se hubiera declarado el concurso de acreedores "hubiese conllevado evidentes perjuicios para los depositantes (alrededor de 60.000 millones),, clientes (unos 4,5 millones), empleados (12.000) y, en general hubiera tenido un impacto muy negativo sobre la estabilidad financiera de España y de la Unión Bancaria". A ello, habría que añadir, "el impacto derivado de a falta de recursos suficientes en el FGD para dar cobertura inmediata a los cerca de 35.000 millones de depósitos cubiertos".

Ponce considera que la JUR cumplió con el mandato institucional asignado, logró gestionar la situación de inviabilidad de Popular, protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, y ofreciendo una continua operativa a todos los clientes.

Como noticia positiva, Ponce ha explicado que le consta "la voluntad de la Junta Única de Resolución (JUR) de hacer llegar a esta comisión por escrito tan pronto como esté concluido" una versión editada no confidencial del informe de Deloitte que valoró Popular ante su proceso de resolución entre unas pérdidas de 8.200 millones de euros a 2.000 millones con una suma positiva de 1.300 millones de euros. Esta intención de la JUR se produce días después del paso de la presidenta de la JUR, Elke König, por esta comisión en la que la diputada por Coalición Canaria, y a su vez presidenta de la comisión, Ana Oramas, reprendiera a la funcionaria europea por sus declaraciones en las que recomendaba a los diputados que mirasen la web de la JUR para que comprobarán cuando se colgaba este informe de Deloitte.

Ponce, como ya lo ha hecho en distintas ocasiones, ha considerado que la "magnitud de la fuga de depósitos (desde el día 3 de junio) durante los días siguientes, fue tal que en la tarde del 6 de junio, la propia entidad comunicó al BCE la imposibilidad de atender sus pagos al día siguiente", razón por la que el BCE declaró "la inviabilidad" de la entidad fundamentalmente por problemas de liquidez.

"La historia de la incapacidad de los gestores (de Popular) de resolver el problema no empezó aquella noche (6 de junio), fueron manifestaciones públicas que se hicieron en sede de su junta general de accionistas. Los gestores estaban tratando de gestionar las dificultades abriendo dos vías: ampliación de capital y puesta en venta del banco. Esas actuaciones de los gestores venían de hace tiempo, meses atrás, y no culminaron con éxito aquella noche", ha apuntado.

Ponce también ha aprovechado su paso por el Congreso para pedir "una reflexión sobre el régimen del concurso ordinario de acreedores, que en España ha estado tradicionalmente caracterizado por procedimientos largos, costosos y complejos, que suelen concluir con la iqudación de la empresa concursal". De hecho, ha reclamado "incorporar algunas especificidades en el procedimiento concursal de entidades de crédito y, aún más, promover la armonización de las mismas a escala europea".

Considera que sería "muy positivo" reforzar la prelación concursal, no solo de los depósitos de las personas físicas y pymes que ya recoge la ley, sino también de los depósitos de las grandes empresas. De modo que "estos depósitos tuvieran un privilegio sobre los demás screedores ordinarios, como ya ocurre en otros países".

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