Un invierno demográfico que hay que resolver desde varios frentes
El descenso de la población se acelera ante el desplome a mínimos de la natalidad
El futuro demográfico de España es oscuro y sus perspectivas a corto plazo no parecen halagüeñas. Desde 2015, la población española retrocede, una tendencia que ha dejado como dato más reciente un saldo negativo de más de 32.000 personas en el primer semestre de este año. Las cifras, hechas públicas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que en el primer semestre de 2017 España registró el número de nacimientos más bajo de la serie semestral de la última década: una caída de un 6,3%, solo superada por otro bache, de casi un 8%, registrado a finales de 2013. También han crecido las defunciones: un 4,5% más que el año anterior, hasta conformar la cifra más alta desde 2015.
Un invierno demográfico constituye un problema para cualquier país, pero más aún cuando este no ha logrado resolver todavía el problema de la sostenibilidad de su sistema de prestaciones. La hucha de las pensiones en España, duramente esquilmada por los años de la crisis, pasará a depender de los créditos del Gobierno para poder seguir cubriendo el déficit de cotizaciones y hacer frente a los pagos. Aunque el diseño de una reforma profunda del sistema está en marcha y los expertos llevan casi 20 años debatiendo sobre su optimización y sostenibilidad, hay una ecuación que no parece posible de momento despejar: cómo poder asegurar hacia el futuro las prestaciones públicas en un país cuyo perfil demográfico combina una natalidad bajo mínimos, un envejecimiento severo y una esperanza de vida creciente.
El déficit del sistema público supera ya los 15.000 millones de euros y el patrimonio privado en fondos de pensiones es, de momento, casi testimonial. Ello supone que el problema de las pensiones y el envejecimiento debe atacarse desde varios frentes: desde un marco legal que proporcione más facilidades para mejorar una tasa de natalidad que sigue estando entre las más bajas del mundo y más flexibilidad para mejorar conciliación laboral y familiar, hasta incentivos que fomenten el ahorro privado. Dado que los cambios demográficos se fraguan con lentitud, conviene no esperar demasiado.