Popular encara un nuevo frente judicial al no alertar del riesgo del nuevo modelo de resolución europeo
Zunzunegui Abogados pedirá compensar a quien invirtiera a partir de enero de 2016 Bancos como BBVA sí informaron a sus clientes del nuevo riesgo regulatorio de recapitalización interna
La noche del 6 al 7 de junio, Banco Popular se convirtió en la primera entidad europea en ser declarada en resolución por las autoridades comunitarias, que estrenaron este mecanismo –una vía, alternativa al rescate, que busca evitar que la factura se traslade a los contribuyentes– y reforzaron la entidad a costa del dinero de sus accionistas y bonistas.
Inmediatamente después se decretó su venta a Banco Santander por un euro simbólico. Ahora, la falta de advertencias de Popular a sus inversores sobre los riesgos que tenía para ellos el flamante modelo de resolución europeo está a punto de convertirse en la punta de lanza de un nuevo frente judicial que ultima el bufete Zunzunegui Abogados.
Su socio fundador, Fernando Zunzunegui, explica que a partir del 1 de enero de 2016, cuando entró en vigor el reglamento europeo de resolución bancaria y recapitalización interna –bail-in, en el argot– para bancos significativos, como Popular, las reglas del juego cambiaron para sus inversores. Aunque la autoridad europea de valores y mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) instaron a hacerlo, Popular no avisó a sus accionistas y bonistas del nuevo riesgo de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea pudiera decidir utilizar sus títulos para reflotar la entidad. Tampoco evaluó sus conocimientos y experiencia, ni si su perfil inversor era acorde a la novedosa amenaza que asumían.
El deber de informar pesaba sobre comercializadores y custodios de títulos. Otras entidades, como BBVA, sí cumplieron este protocolo y emitieron cartas con advertencias individualizadas a sus inversores.
Zunzunegui considera que tanto los bonistas como los accionistas de Banco Popular pueden reclamar una indemnización por las inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2016, en contraposición a otras estrategias judiciales que se centran en resarcir únicamente a quienes acudieron a la ampliación de capital de junio de aquel año, alegando la falta de “transparencia material” sobre los riesgos que acabaron asumiendo. Una omisión de información por la que se pueden exigir responsabilidades a Popular, de las que hoy día tendría que responder Banco Santander, detalla el abogado y profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III.
Antes de poner en marcha esta nueva estrategia judicial, que cobrará forma en los próximos días, desde Zunzunegui Abogados han esperado a que concluyera el plazo dado por Banco Santander para aceptar los llamados bonos de fidelización. Se trata de una emisión perpetua de liquidez dudosa que la entidad ha ofrecido a los afectados a modo de compensación a condición de que renuncien a presentar demandas.
El bufete aconsejó a los interesados que se informaran de la letra pequeña y valoraran la fórmula antes de decidirse por una demanda, cuyo resultado siempre es incierto. El bono, dirigido a quienes participaron en la ampliación de capital de Popular de 2016 y a algunos bonistas, ha sido aceptado por los titulares de más del 60% del capital susceptible de solicitarlo. El proceso fue considerado por Zunzunegui como una criba natural que aclara qué afectados están decididos a pelear su dinero en los juzgados.
El plazo de prescripción de esta actuación es además de cinco años, con lo que los interesados tienen margen. Aunque pediría compensaciones por la vía Civil, Zunzunegui no cree que sea necesario esperar a que se resuelva la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional pues el Supremo ya decretó en Bankia que los accionistas debían ser resarcidos pese a que el juicio contra sus responsables aún no ha comenzado.
Las otras vías de litigación abiertas
Penal: La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre las posibles responsabilidades penales de los gestores de Popular, bajo la presidencia de Ángel Ron y de su sucesor, Emilio Saracho. Las pesquisas se dividen en dos piezas separadas. Una se centra en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular hizo en junio de 2016, cuyo folleto ya analizan dos peritos facilitados por el Banco de España para comprobar si la información facilitada era veraz. La otra analiza la posible manipulación del mercado en los últimos meses del banco, cuando la acción se desplomó.
Contencioso administrativo: grandes accionistas de Popular han demandado a la Junta Única de Resolución y al FROB por resolver el banco. Será clave el informe confidencial de Deloitte que sustentó la decisión.
Civil: Algunos particulares litigan por vía civil para tratar de recuperar la inversión realizada en la ampliación de capital de 2016. Una juez de Barcelona asumió ayer competencias para investigar pese a que el banco dijo que solo podía la UE.
