El PNV reclama al Gobierno la rebaja de tarifa prometida a la industria vasca
En 2014, Industria cambio el umbral de tensión de las redes para rebajar la factura vasca Los nacionalistas le piden que cumpla su promesa, que no figuran en la orden de peajes
El Gobierno lo tiene todo previsto para poder aprobar, con el apoyo de los nacionalistas vascos, los Presupuestos Generales del Estado de 2018, a más tardar, en la primera quincena de marzo. Una vez que Mariano Rajoy haya aprobado la nueva Ley del Cupo para el periodo 2017-2021, que coloca en una situación de absoluto privilegio financiero a la comunidad autónoma vasca, el respaldo del PNV a los Presupuestos del próximo año ya no corren ningún peligro y, por tanto, el Ejecutivo no se vería obligado a prorrogar los de 2017, vigentes desde junio.
Pese a todo, los nacionalistas siguen exigiendo a Rajoy que cumpla con el compromiso adquirido en 2014 de rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca para corregir un sobrecoste respecto al resto de grandes consumidores en alta tensión de unos 100 millones de euros. Ya aquel año, el entonces Ministerio de Industria, eliminó la mitad de esa diferencia (50 millones) y prometió completarla hasta eliminar todo el sobrecoste en una segunda fase.
En el acuerdo de apoyo a los Presupuestos de 2017, el PNV logró el compromiso del Gobierno de que la rebaja se completaría a partir de enero de 2018. Sin embargo, en la propuesta de orden ministerial de peajes de acceso a las redes que entrarán en vigor el 1 de enero, que Energía remitió la semana pasada para su informe a la CNMC, no figura ningún cambio al respecto.
Los responsables del PNV confiaban en que la cuestión se iba a solucionar, “pero sigue pendiente”, reconocen en el partido. Y es que a las pretensiones vascas les ha salido un enemigo: el pasado mes de septiembre, la Generalitat de Cataluña recurrió ante Bruselas el pacto PNV-PP para hacer desaparecer definitivamente la tarifa de acceso de la industria vasca a partir de 2018.
Una decisión que sorprendió al Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu, que insiste en que se trata de “eliminar una discriminación histórica” a sus empresas electrointensicas (casi 800, especialmente, siderometalúrgicas), “pero no de perjudicar a nadie”. De hecho, insisten, beneficia a otras 450 empresas en el resto de España.En todo caso, como se denunció en su día, la medida supone una reducción de ingresos para el sistema eléctrico la asume el resto de consumidores:o con una subida de sus tarifas o con un menor superávit.
La rebaja de los peajes vascos en alta tensión se remonta a 2014, cuando el Gobierno, a cambio de que el PNV respaldase la Ley Eléctrica con la que remató su reforma energética (una cuestión de imagen, ya que el PP tenía mayoría absoluta), decidió cumplir con la vieja reivindicación nacionalistas. Y lo hizo modificando la metodología para el cálculo de los peajes de acceso y, por tanto, invadiendo las competencias legales de la propia CNMC.
No se trató exactamente de una rebaja de tarifa, sino de un cambio en el umbral de lo que se consideraba alta tensión, que pasó de 30 kilovoltios (kV) a 36 kV. De esta manera, como las tarifas para la alta tensión son más baratas, y dado que el voltaje de la red de distribución del País Vasco que explota Iberdrola es históricamente de 33 kV, este pasaría a tener la consideración de alta tensión y no de media, cuyo peaje era más caro .
En un principio, la cuestión se solventó dividiendo la tarifa que hasta entonces pagaban (la 6.1), en dos tramos: 6.1a (hasta 30 kV) y 6.1b (de 30 a 36 kV), con el compromiso de hacerla desaparecer hasta equipararla a la tarifa 6.2, que pasaría de 36 a 72,5 kV (ver gráfico). Este es el compromiso que los vascos siguen intentando arrancar al Gobierno central.
La medida fue entonces muy contestada por otras comunidades. “Las empresas que aspiren a tener una tarifa inferior deben engancharse a la alta tensión y realizar las inversiones correspondientes en sus instalaciones (subestaciones o centros de transformación) para rebajar y adecuar el voltaje a sus necesidades de producción”, aseguraban fuentes del sector. “O que Iberdrola distribución haga lo propio para adaptar sus redes en Euskadi”, añaden.
Conflicto entre el Gobierno y la CNMC
La decisión de Industria en 2014 (el secretario de Estado de Energía era entonces Alberto Nadal, hermano del actual titular de Energía) de mejorar la tarifa de la industria vasca provocó un duro enfrentamiento del departamento dirigido por José Manuel Soria y la CNMC, que vio invadir sus competencias. Con la medida, el Gobierno no solo hurtó la potestad del organismo de elaborar el método de cálculo de los peajes (parte regulada de la factura de la luz), sino que rompió la tarifa única en todo el Estado. Respecto a las atribuciones de la CNMC, el ministerio consideró que el desarrollo de dicha metodología (que mantenía los umbrales de tensión) le correspondía a él.
El cambio, que los vascos quieren completar ahora, desató el malestar en otras comunidades autónomas, aunque solo ha sido Cataluña la que ha dado el paso de denunciar el acuerdo PP-PNV ante la UE, lo que hizo el pasado verano. La Generalitat presidida por Carles Puigdemont, dijo sentirse discriminada y reclamó una mejora para las empresas enganchadas a redes 25 kV que suman casi 3.300 en Cataluña.
u Los nacionalistas catalanes también han reclamado prebendas eléctricas, fundamentalmente, las llamadas redes de distribución cerradas (enganchables a las líneas de REE en caso de necesidad) para sus grandes polígonos petroquímicos de Tarragona, Un sistema con el que no pagar peajes y que rechaza el PP, por ser un autoconsumo-distribuido que pagaría el resto.
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