Una ciudadanía modelo en las encuestas que no lo es tanto en la 'vida fiscal'

La mayor parte de los españoles cree que Hacienda es necesaria para la sociedad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Si los contribuyentes actuasen de acuerdo con lo que manifiestan en las encuestas, en España no existiría el fraude fiscal. La gran mayoría de la población –nueve de cada diez encuestados– respalda sin fisuras la idea de que Hacienda desempeña “una función necesaria para la sociedad”, según los resultados de una encuesta publicada por el Instituto de Estudios Fiscales. Los españoles consideran que existen sectores y servicios como la sanidad, la educación, los transportes o las infraestructuras que deben ser gestionados directamente por los poderes públicos y no dejados en manos del sector privado. Además, solo un 9% cree que sin impuestos viviría mejor. La mitad de la población está satisfecha con la sanidad que recibe a cambio de sus tributos, por ejemplo, y solo un 18% piensa que ningún servicio público tiene calidad suficiente para justificar el dinero que se destina a costearlo.

El retrato robot que arroja esta encuesta corresponde al de una ciudadanía modelo. Al contrario de lo que revelan estudios realizados en países de larga tradición democrática, como es el caso de Estados Unidos, en los que junto a la insistencia cívica mayoritaria sobre el deber de contribuir aparece siempre un pequeño porcentaje de ciudadanos que defiende tozudamente que no pagar impuestos es moralmente aceptable, las encuestas y estudios en España no suelen mostrar signos de insumisión fiscal. Y sin embargo, la vida real –y la vida real fiscal se refleja en la recaudación y en las irregularidades que detecta Hacienda– demuestra que el fraude existe, y que existe pese a la ejemplar inocencia del contribuyente en las encuestas.

La mayor parte de los asalariados señalan a bancos, políticos y empresarios, así como a profesionales liberales, como perfiles más dados al fraude. Los empresarios, a su vez, identifican a los inactivos y los asalariados como principales responsables, aunque ejercen cierta autocrítica respecto a su propio colectivo. Pero las cifras de recaudación fiscal del IVA o el alto porcentaje de economía sumergida que existe en España –un reciente estudio de la Universidad de Tubinga fija la cifra en el 17,2% del PIB– apuntan a que uno de los grandes problemas fiscales de España es la persistencia, extensión e impunidad del pequeño fraude que se fragua entre el rechazo de facturas y la producción clandestina, junto a los grandes entramados de ingeniería societaria dirigidos a la elusión o las redes delictivas. España tiene por delante varias asignaturas pendientes, que incluyen mayor eficacia en la inspección y más control sobre la ingeniería fiscal, pero también una educación dirigida a inculcar la necesidad –y el deber– de cumplir con Hacienda.

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