¿Puede el ‘blockchain’ mejorar la participación política?
Esta tecnología está comenzando a irrumpir en la vida pública y puede transformar las democracias
El término blockchain hace referencia a una tecnología que consiste, básicamente, en la generación de una base de datos distribuida, un libro de contabilidad público y descentralizado que está formado por cadenas de bloques encriptadas que se guardan en orden temporal y no se pueden modificar.
Esta tecnología posibilita tareas como el almacenamiento, la transmisión y la confirmación de datos sin necesidad de una autoridad central. Es decir, como base de datos distribuida, debe ser confirmada por parte de varios nodos antes de que se autorice cualquier transacción y, dado su carácter inmutable, es perfecta para protagonizar una revolución, aún silenciosa, que se está produciendo en internet. Es lo que algunos expertos han denominado el salto del internet de la información al internet del valor.
Blockchain permite construir sobre internet y crear diferentes capas que posibilitan el intercambio de valor entre personas, lo que puede llegar a reconfigurar actividades y modelos de negocio. La desintermediación es la protagonista y la confiabilidad en los registros y las transacciones —sin necesidad de terceros— la clave para que se produzcan estos cambios.
Cada día surgen nuevas alternativas de aplicación en diversos ámbitos, especialmente en el financiero (recordemos que el blockchain se dio a conocer en 2009 como la tecnología sobre la que se sustenta la famosa criptomoneda bitcoin). Pero ¿cómo sería en la política o en los procesos electorales?
Algunos Gobiernos y organizaciones políticas están explorando las posibilidades que ofrece la tecnopolítica para la acción, la participación y la deliberación. Encontramos partidos que han presentado programas electorales con propuestas basadas en el uso de blockchain para intentar recuperar la confiabilidad en la gestión pública. Su carácter distribuido, su trazabilidad y posibilidad de control la hacen ideal para la generación de registros y la verificación de las transacciones realizadas con dinero público, lo cual disminuiría enormemente, por ejemplo, las posibilidades de fraude y corrupción y reduciría los recursos destinados a la vigilancia y control. En Perú, Alejandro Toledo, candidato presidencial por Perú Posible, ha integrado en su programa electoral el uso de blockchain, presentándolo como una herramienta que puede servir para subsanar muchos de los problemas políticos del país.
En las Administraciones Públicas también empezamos a ver experiencias de aplicación de blockchain. La utilización con carácter legal de los contratos inteligentes en el estado de Arizona, los certificados académicos en Malta o la gestión de identidades por parte del ayuntamiento de Barcelona para impulsar a los ciudadanos a manejar sus propios datos de una forma descentralizada, privada y segura son claros ejemplos de cómo esta tecnología puede ayudar a transformar el sector público.
Pero uno de los ámbitos en los que parece que puede tener mayor recorrido es en los procesos deliberativos y electorales, dada la posibilidad de realizar un registro transparente y distribuido que permita a los votantes verificar que su voto ha sido contado de manera adecuada y que cualquiera puede auditar los resultados manteniendo el carácter secreto. Su aplicación puede suponer una alternativa a las dudas que el voto electrónico suscita en no pocos sectores.
En Australia, el Partido Flux propone un cambio legislativo para modificar el sistema de toma de decisiones y de gestión pública basándose en esta tecnología. Para ello, cada votante tendría en su poder un bloque (token) que, mediante un smart contract (un acuerdo entre partes que, en el momento que se cumplen las condiciones pactadas, se autoejecuta), podría decidir sobre los electos de su partido. De esta manera, los representantes tomarían decisiones de manera automática en función de la resolución de los contratos inteligentes de sus votantes.
Otro proceso electoral en el que se ha utilizado dicha tecnología ha sido el reciente referéndum de Cataluña. Al ser declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, la Generalitat recurrió al blockchain para sortear algunas de las limitaciones técnicas de la prohibición. Uno de los elementos clave fue la activación del censo universal para el que se utilizaron diferentes tecnologías como tor, signal o bitcoin. Básicamente, publicaron la aplicación de censo universal en protocolo IPFS, lo que posibilitó su acceso de manera distribuida sin depender de ningún servidor específico mediante conexiones usuario a usuario.
Pero, como toda tecnología no está exenta de riesgos, su implementación hizo posible que cualquier usuario avanzado (mediante ataques de fuerza bruta, es decir, ir probando contraseñas hasta dar con la correcta) pudiera llegar a tener acceso al registro específico de un ciudadano y, por consiguiente, a sus datos personales, lo que ha generado un grave problema de privacidad para millones de electores.
De todas maneras, ya se han desarrollado experiencias de votación exitosas basadas en blockchain, como la organizada en una provincia de Corea del Sur y en el estado de Maine (EE. UU.), donde está en estudio su uso junto a las papeletas electorales. Ha sido utilizada, también, en elecciones internas de partidos políticos y en votaciones de accionistas en Estonia. Y la UE valora la posibilidad de su aplicación para mejorar los procesos electorales reduciendo costos y aumentando su fiabilidad.
En esta misma línea de desarrollo, encontramos plataformas como Sovereign, un sistema de gobierno descentralizado usando Blockchain, donde cada ciudadano puede votar propuestas y dar ideas directamente de manera fiable, explorando el concepto de democracia líquida. El argentino Santiago Siri, uno de sus promotores, fue elegido por la MIT Technology Review, revista del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, como visionario del año, y uno de los jóvenes sub 35 más influyentes de Latinoamérica.
La tecnología cívica se abre paso lento, pero constante. Y ya está rompiendo prejuicios y bloqueos políticos y culturales entre el ámbito académico y en muchos sectores comprometidos con la democracia abierta. El blockchain puede ser una alternativa para repensar las transacciones, las delegaciones, las deliberaciones y las decisiones. ¿No es todo este proceso, una tarea eminentemente política? Abramos el debate. Es necesario y urgente. Y puede ayudarnos a mejorar la democracia y sus instrumentos.
Antoni Gutiérrez-Rubí es Asesor de Comunicación @antonigr