La CE amenaza a España con multa diaria de 186.000 euros por no aplicar las directivas de contratación pública
Las nuevas normas imponen mayor transparencia en energía, transporte, aguas y postal El atasco legislativo del Congreso pasa una factura millonaria
El atasco legislativo que sufre España desde la repetición de las elecciones generales en 2015 y 2016 sigue pasando factura. La Comisión Europea ha amenazado este jueves a España con multas diarias de hasta 248.000 euros por no haber traspuesto dos directivas europeas sobre contratación pública y concesiones y una directiva sobre la gestión colectiva de derechos de autor.
Bruselas ha denunciado el retraso ante el Tribunal de Justicia europeo y pide a esa Corte que imponga las sanciones diarias si, en el momento de emitir la futura sentencia, España aún no ha traspuesto por completo las normas pendientes. A esas gigantecas multas se suma otra de 106.000 euros, solicitada el pasado 4 de noviembre, por no haber adoptado la directiva sobre créditos hipotecarios.
La cuantía final las multas las fijará el Tribunal europeo. Pero suele seguir las propuestas de la Comisión, por lo que España afronta un castigo que podría superar los 350.000 euros diarios si la tramitación de las cuatro directivas pendientes no se completa.
Las denuncias de este jueves atañen, por un lado, a dos de las tres directivas de 2014 que modernizaron la contratación pública, para introducir mayor competencia y transparencia. España sigue sin adoptar la número 23 y la 25, por lo que la Comisión pide una multa diaria de 61.964 y 123.928 euros respectivamente.
La primera directiva incumplida (la 23) atañe a las concesiones. Y la segunda (la 25) a la contratación pública en sectores tan cruciales como el agua, la energía, el transporte y los servicios postales. España sí ha aprobado recientemente una nueva Ley de Contratación que incorpora parte de la reforma europea. Pero falta el resto.
Las nuevas normas también pretenden facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en un mercado de contratación pública que mueve cada año 1,9 billones de euros. Bruselas cree que combatir la opacidad reinante en muchos de esos procedimientos ayudará a mejorar el control de las concesiones y adjudicaciones y a combatir la corrupción.
La CE calcula que las haciendas públicas podrían ahorrarse hasta 100.000 millones de euros al año con la modernización prevista en las directivas pendientes de adopción en España. Bruselas asegura que los países que ya han adoptado los cambios, por ejemplo con los relacionados con la contratación electrónica, han registrado ahorros de entre el 5% y el 20% sobre los costes anteriores.
"Las nuevas normas dotan a las administraciones de un poderoso instrumento para lograr un mayor rendimiento del dinero de los contribuyentes", ha señalado la comisaria europea Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, al anunciar las propuesta de multas.
España, como el resto de socios de la UE, disponía de plazo hasta abril de 2016 para notificar la adopción de las tres directivas. Solo un mes después, la Comisión expedientó a 21 países, entre ellos España, por incumplir el plazo previsto. La prisa de la Comisión indica la importancia que otorga a los cambios legislativos en la contratación pública.
A finales de 2016, la situación había mejorado. Pero 15 países seguían sin adaptar su legislación, por lo que Bruselas les envío un dictamen motivado, con amenaza expresa de una posible denuncia ante el Tribunal de la UE.
La amenaza se ha cumplido este jueves para los cuatro países que aún no han completado la adopción de las directivas. Austria y Luxemburgo incumplen las tres; España, dos; y Eslovenia, una. Para todos ellos, Bruselas pide a los jueces europeos un escarmiento que, en cuestión de días, puede acumular una sanción multimillonaria. En el caso de España, a razón de 186.000 euros por jornada de retraso.
Derechos de autor
España tampoco ha adoptado la directiva europea de 2014 sobre gestión colectiva de derechos de autor y concesión de licencias multiterritoriales para obras musicales distribuidas a través de internet. El plazo para su transposición también expiró en abril de 2016. Y en este caso, la CE pide al Tribunal de la UE que castigue a España con una sanción diaria de 124.000 euros. Un suma y sigue que puede mina la credibilidad del país ante la UE y las arcas públicas.
