El juez envía a prisión a Esteban Roig por defraudar 100 millones en la venta de electricidad
Pedraz le considera cabecilla de una red de trece comercializadoras Le acusa de suministrar luz a precios más bajos con facturación falsa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado hoy prisión provisional sin fianza para Esteban Roig, considerado cabecilla del presunto fraude de casi 100 millones de euros por trece comercializadoras de energía eléctrica, que suministraron luz a precios más bajos con facturación falsa.
Según expone en su auto el titular del juzgado central de Instrucción número 1, que deja en libertad a los otros siete detenidos -uno con comparecencias quincenales- que han pasado a disposición judicial, la estructura "constituiría una organización criminal" que habría incurrido en presunta estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, así como fraude fiscal.
El magistrado ampara su decisión en la gravedad de los delitos investigados así como en la existencia de un posible riesgo de fuga de Roig, que "tiene a su disposición, según se presume, múltiples fondos con vinculaciones en Perú y México".
Sostiene el documento que, para materializar sus objetivos, la organización empleó una "compleja estructura societaria" basada en la "creación de comercializadoras eléctricas, la interposición de colaboradores en los órganos de administración de éstas y la adquisición de una amplia cartera de clientes".
De este modo, y "cumpliendo con los primeros requisitos exigidos para actuar dentro del mercado eléctrico español", dotaron a las sociedades, coordinadas en los compases iniciales desde Madrid, de una "apariencia de legalidad, suficiente como para iniciar su actividad comercial".
La captación de una "extensa bolsa de clientes" generó, en primer lugar un aumento de la facturación de las comercializadoras, y por ende, de los investigados, y en segundo lugar, un mayor perjuicio para el resto del mercado.
Acto seguido, la organización procedería al cese de las actividades de compra, a la creación de nuevas sociedades -lo que incluye el traspaso de clientes- y a la liquidación de las antiguas comercializadoras, una actividad "velada" al frente de la cual se encontraría el centro operativo de Barcelona.
El magistrado destaca a Roig, quien "toma las decisiones de forma autónoma e independiente, transmitiendo las directrices oportunas (...) y administrando desde la perspectiva de la dirección, la gestión contable, financiera, logística y societaria".
En tanto que señala a Fix Control Rate, con sede en Barcelona, como "centro neurálgico" del delito de blanqueo al tratarse de la sociedad a través de la cual se canalizarían, presuntamente, los fondos ilícitos, dificultando su trazabilidad y permitiendo el reingreso en el circuito financiero.
En total, las pesquisas identifican 28 sociedades del "entramado empresarial blanqueador" vinculadas a ella, que habrían recibido 32,4 millones de euros de las comercializadoras fraudulentas.
Los ocho fueron detenidos junto a otras diez personas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado lunes en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.
La operación, pionera en el sector y que continúa bajo secreto de sumario, ha contado con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y ha supuesto la primera intervención penal para este tipo de fraude.
Hasta la fecha, en los siete registros practicados los investigadores se han incautado, además de documentación y 10.000 euros, 18 vehículos y un velero, y han analizado 154 productos financieros, de los cuales 56 han sido bloqueados.
Asimismo, han descubierto 180 sociedades del grupo -de ellas, 67 han sido investigadas- y han localizado 24 testaferros.
Estas empresas "pirata", a nombre de testaferros, captaban a clientes, generalmente grandes pymes, a las que ofrecían luz a un coste entre un 20 % y un 30 % más bajo de lo habitual, aunque no compraban a las generadoras toda la energía que destinaban a sus consumidores.
Dicho desfase provocó a las generadoras un agujero de 60 millones de euros, a los que se suman 20 millones por el impago de los peajes obligatorios por la distribución y otros 14 defraudados a la Hacienda Pública.
El nombre de Roig ya apareció hace cinco años ligado a una empresa, Gutsen & Vergelsa, acusada de estafa en la compra de compañías, haciéndose cargo de la deuda, tal y como informó CincoDías. Distintos empresarios señalaron a Roig, quien aparecía como administrador de hasta 61 sociedades distintas.