Las eléctricas recurren ante el Supremo la financiación del nuevo bono social

Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP, Viesgo y varias independientes inician un pleito

Pone a las comercializadoras reguladas en “absoluta situación de pérdidas”

Bono social pulsa en la foto

Las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) han presentado sendos recursos contencioso administrativos contra el real decreto y la orden ministerial que entró en vigor el 6 de octubre. Dos normas que desarrollan el real decreto ley que fue convalidado por el Congreso a finales de enero por el que se regula el nuevo bono social de la tarifa eléctrica y establece medidas contra la pobreza energética.

Esta normativa obliga a las comercializadoras de electricidad (además de las filiales correspondientes de los cinco grandes grupos empresariales, otro centenar de pequeñas compañías independientes) a financiar el coste del nuevo bono, que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100%, según los casos, en la factura de varios colectivos de ciudadanos (ver gráfico). Se calcula que lo solicitarán 2,5 millones de usuarios y que costará unos 230 millones.

Además de las integradas en Unesa, muchas otras comercializadoras han presentado o están a punto de presentar los correspondientes recursos. En la mayoría de los casos, se trata de un primer escrito de interposición, para lo que tienen de plazo hasta el próximo día 5. Gas Natural ha sido la más rauda, pues presentó dicho escrito en octubre y la demanda, con todos los argumentos, el 19 de noviembre.

Entre las independientes que han acudido a los tribunales están CHC Energía (comercializadora propiedad al 50% de EDP y un buen número de empresas de la asociación de pequeñas distribuidoras Cide) o la catalana Holaluz.

Es la tercera vez que las eléctricas acuden a los tribunales contra la obligación impuesta por el Gobierno de sufragar el coste de este descuento a los consumidores eléctricos. En las dos primeras, el Supremo les dio la razón y el conjunto de los usuarios se han visto obligados a indemnizarlas devolviendo los importes financiados. En 2012, más de 200 millones de euros se endosaron en la factura de la luz y, tras la segunda sentencia favorable a las empresas, la de noviembre de 2016, estas lo cobrarán con cargo al superávit de tarifa acumulado de mil millones, un fondo del sistema eléctrico y, por tanto, de los consumidores. En este caso, se calcula un importe a devolver de 300 millones, que aún no se ha liberado pues Energía lo recurrió al Constitucional, que admitió a trámite una demanda el pasado mayo.

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El primer bono lo tuvieron que financiar las generadoras de las cinco grandes eléctricas y, el segundo, las compañías verticalmente integradas (esto es, con actividad de generación, distribución y comercialización), por tanto, las grandes y una veintena de pequeños grupos energéticos.

En esta nueva intentona, el ministerio ha elegido a las comercializadoras. En cualquiera de los tres mecanismos de financiación del bono, más del 90% del coste corresponde a las de Unesa.

Hasta ahora, el Supremo había aceptado los argumentos de las empresas que consideraban que la obligación de pagar el bono era, fundamentalmente, discriminatorio y el reparto no estaba fundamentado:¿por qué lo pagaban unas generadoras y no todas, en el primer caso, y por qué unas comercializadoras y no otras, en el segundo?

Las COR en peligro

El ministerio que dirige Álvaro Nadal ha vuelto, erre que erre, a imponer la obligación a las empresas por tratarse de un servicio público que se les puede exigir. En este caso, se trata de todas las comercializadoras, pero de estas hay varios tipos: las de referencia (o COR) que, propiedad de las cinco grandes, suministran en el mercado regulado con el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) y las del mercado liberalizado: las llamadas independientes y las correspondientes también a las empresas de Unesa.

Se da la circunstancia de que solo los usuarios con PVPC (los domésticos) pueden solicitar el bono social, lo que ha causado un profundo malestar entre las independientes pues, sin tener derecho a ese suministro, se les obliga a pagar el beneficio social de la tarifa.

¿Es el nuevo bono social discriminatorio como lo fueron los anteriores? Aunque no faltan fuentes jurídicas que no lo creen, las empresas consideran que sí. También que, de acuerdo con la normativa comunitaria, es una medida desproporcionada que coloca a las COR en una “absoluta situación de pérdidas”. Estas, que ya se encuentran en situación precaria “por el escaso margen comercial que se les reconoce”, van a “soportar gastos adicionales derivados de la mayor complejidad de los procesos”, según fuentes empresariales.

En definitiva, las afectadas siguen insistiendo en que una ayuda social como es el bono deber ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado.

Las pequeñas lo cobran a sus clientes

El bono social de la tarifa es un coste que las eléctricas pueden repercutir en el precio de la luz. En el caso de algunas comercialziadoras independientes lo han incluido en su factura, con carácter retroactivo desde enero, que fue cuando entró en vigor la obligación de pagarlo.

 Empresas como Holaluz, SomEnergía y Gana Energía han tomado esta decisión de incluir una partida en la factura mensual de sus clientes (0,50, 0,75 y 0,60 euros respectivamente). De esta manera, les repercuten un coste que ellas deben, a su vez, liquidar. La aportación de cada una está en relación a su cartera de clientes.

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