Nadal y Galán, ¿carbón o renovables?

El ministro y el presidente de Iberdrola convierten el cierre de centrales en un drama griego

La nueva batalla tiene un sesgo político, de partido político

Batalla por el carbón
El ministro de Energía, Alvaro Nadal, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.

Si alguien hubiera augurado hace solo un año que el titular de Energía iba a mantener una virulenta batalla en favor de la generación con carbón, como la que libra en estos momentos, es muy posible que se hubiese atribuido a algún tipo de alucinación. No en vano, en noviembre del año pasado, en la Cumbre del Clima de Marrakech, Álvaro Nadal afirmó que el carbón estaba en manos del mercado. Esto es, que su supervivencia ya no dependería de posibles ayudas públicas a las centrales (que consumen el 90% de la producción de este mineral), sino de que estas pudieran competir y ser rentables.

Un comentario que se ha vuelto contra él y que las eléctricas y los partidarios de acelerar la descarbonización le han reprochado. Otro motivo para la sorpresa es el simple análisis de la política de abandono del carbón practicada por el anterior equipo energético del ministerio, que dirigía su propio hermano, Alberto Nadal.

Bajo su mandato, en 2012, caducó el mecanismo que había aprobado el Gobierno del PSOE, por el que se obligaba a las eléctricas a comprar carbón para sus centrales a un precio regulado. Alberto Nadal, como secretario de Estado de Energía, dio largas a cualquier alternativa. Era tal su alergia al carbón, que más de una vez evitó reunirse con los sindicatos mineros. Esto le valió a su ministro, José Manuel Soria, feroces críticas públicas del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al que acusó de la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en esa comunidad.

Lo que no se le puede negar a los hermanos Nadal, muy ligados a FAES, es su coherencia a la hora de defender la energía nuclear. Y solo esta defensa, amén de razones políticas (o, mejor, de partido) y el talante empecinado que le atribuyen quienes le tratan, explicarían su empeño en reforzar los poderes del Gobierno para impedir el cierre de centrales.

Nadal no perdona al presidente de Iberdrola que le obligara a cerrar Garoña

Así, el proyecto de real decreto que ha remitido a la CNMC amplía el único supuesto que la Ley Eléctrica establece para prohibir el cierre de instalaciones (la seguridad de suministro) a otros que no dejan de ser discutibles en una actividad libre como es la generación: que el cierre tenga efectos negativos en los precios eléctricos o la competencia; sobre el medio ambiente (en referencia a las nucleares, que no emiten CO2) o la planificación energética. Un extraño supuesto este último, pues esta es solo orientativa.

El borrador de real decreto, “a medio escribir”, según fuentes jurídicas, es el guante que Nadal ha devuelto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que el pasado día 10 tuvo la osadía de pedir al ministerio autorización para cerrar sus dos únicas centrales de carbón en España:_las de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), con una capacidad conjunta de 874 MW. Con esta petición, Galán interceptaba la aprobación de un decreto que el ministro había lanzado para consulta pública en julio pero cuyo articulado no se ha conocido hasta ahora. Para neutralizar a la eléctrica, y que su petición pueda estudiarse en el marco de la futura norma, Nadal incluyó en el último momento una cláusula de retroactividad.

Se trata del segundo órdago que Galán le lanza al Gobierno. Primero fue la batalla, que finalmente ganó, por el cierre de Garoña, la nuclear burgalesa que comparte al 50% con Endesa. Galán llegó incluso a plantear la disolución y quiebra de la planta, lo que hubiese dejado en el aire su desmantelamiento. Garoña, todo un emblema para los Nadal, está ubicada en pleno feudo del PP.

La decisión de cerrar Lada ha descolocado al ministerio, que la pasado primavera había dado autorización a Iberdrola para realizar las inversiones medioambientales (para eliminar las emisiones de dióxido y monóxido de nitrógeno) que exige la UE a las centrales que quieren seguir activas más allá de 2020. La eléctrica también había recibido para ello la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e, incluso, había invertido ya 18 millones en la planta, según fuentes del sector.

No es menos sorprendente que Nadal defienda con el mismo ímpetu las centrales de carbón de importación (Lada lo es), tal como dejó claro en la reunión que mantuvo el jueves en el ministerio con Galán; Javier Fernández, presidente de Asturias, y Juan Vicente Herrera.

Subida de precios

¿Será sincera la preocupación del ministro por la subida de precios que, en su opinión, provocará el cierre de las térmicas? Desde luego, los 2,5 euros que, según sus cálculos costaría al año al consumidor el cierre de las dos plantas de Iberdrola (que solo suponen el 1% de la producción en Espña), no justificarían su mantenimiento (en cualquier otro caso, este coste sería considerado una nimiedad por el ministro).

También los datos globales que, cual letanía, lanza el ministro, son tramposos. Que los precios eléctricos puedan subir un 15% si se cierra el carbón y un 25%, si lo hace la nuclear, solo sería cierto si se produjera de golpe. Lógicamente, el cierre será paulatino, sustituyendo capacidad térmica por renovable (en las subastas verdes se han adjudicado hasta ahora 8.000 MW).

La desconfianza de Nadal hacia Iberdrola tiene una base firme: a pocos escapa el deseo de la compañía de eliminar centrales de carbón y nucleares para dejar hueco a sus ociosos ciclos combinados, más rentables y caros. En este sentido, no le interesa que se vendana terceros y, de hacerlo, como ha dejado claro al ministerio, quiere hacerlo directamente, no mediante subastas dirigidas por Energía y la CNMC.

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Pero prohibir el cierre de sus dos centrales de carbón es santificarla como la gran defensora de la lucha contra el cambio climático, cuando lo que defiende -legítimo, por su parte- es su cuenta de resultado. Tampoco se entiende tanto drama por parte de Nadal, cuando el propio Gobierno del PP autorizó en 2014 el cierre de ¡dos ciclos combinados! y desde 2001 se han clausurado 30 centrales de carbón y fuel (9.000 MW).

Es cierto que el titular de Energía se enfrentó en enero, nada más llegar al Gobierno, a la mayor subida de precios de la luz que, con efectos sobre la factura de los domésticos, se había producido hasta ahora. Y fue ese mismo mes cuando comenzó a negociar con el Grupo Socialista el endurecimiento del cierre de plantas, para lo que es necesario un RDL que reforme la Ley Eléctrica (es consciente que el real decreto no tiene rango). El PSOE se debate entre las presiones de Nadal, que se ha aliado con los barones de Asturias y Aragón, o defender la transición energética y, al tiempo, el carbón nacional.

Los socialistas y la CNMC (que debe dictaminar una norma sin cobertura legal), quieren ganar tiempo alegando que hay que esperar a que se apruebe la Ley de Cambio Climático.

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