Nadal presiona al PSOE para blindar la norma sobre el cierre de centrales eléctricas

Busca convalidar un real decreto ley que dé cobertura legal a la norma que acaba de lanzar

Quiere impedir la clausura de centrales de carbón y nucleares que plantean las empresas

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El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha hecho casus belli de su propuesta de reforzar su autoridad para denegar el cierre de centrales eléctricas (principalmente, de carbón y nucleares). La decisión de Iberdrola la semana pasada de solicitar al ministerio el plácet para echar el cerrojo a las dos únicas plantas de carbón que le quedan en España (Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias), actuó como un resorte para que el titular de Energía hiciera público, pocos días después, el texto del real decreto que fija nuevas condiciones para el cierre de instalaciones eléctricos.

Una intención de sobra conocida, pues ya en enero, Nadal buscó el consenso parlamentario para tramitarlo como un real decreto ley y, tras fracasar en el intento, lanzó en julio una consulta pública sobre las líneas generales de un decreto cuyo texto articulado se ha conocido ahora, cuando la Secretaría de Estado de Energía se lo ha remitido a la CNMC para su informe.

A nadie en el sector se le escapa que se trata de una norma sin rango legal, pues incluye nuevos supuestos para denegar los cierres que no recoge la Ley del Sector Eléctrico. Esta establece que el permiso se concederá siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de suministro eléctrico, mientras que la norma diseñada por Nadal añade otros motivos: de tipo económicos (su impacto en los precios y la competencia en el mercado); medioambientales y acordes con la planificación energética (un motivo que ha sorprendido, ya que las planificaciones son indicativas).

 Frente a lo que pudiera parecer, también el ministerio es consciente de que a la norma le falta cobertura legal, un defecto que quiere solventar modificando la Ley Eléctrica a través de la aprobación de un real decreto ley.

Para ello, señalan fuentes conocedoras del proceso, el ministro estaría presionando al PSOE para que respalde la convalidación en el Congreso de un real decreto ley. Y lo está haciendo, según las mismas fuentes, “con el chantaje de que si no lo acepta, le hará responsable ante las comarcas mineras del cierre de las centrales térmicas de carbón”, que son las destinatarias de más de un 90% de la producción de ese mineral.

Pedro Sánchez se debate entre sus compromisos con los socialistas asturianos y aragoneses, y la oposición de la facción verde de su partido, que encabeza la propia secretaria general, Cristina Narbona, más proclive al cierre de centrales contaminantes y emisoras de CO2 para lograr los objetivos medioambientales de la UE. La propia Iberdrola está recibiendo estos días el respaldo de organizaciones ecologistas y del sector de las renovables. También las propias eléctricas comulgan con aquellos objetivos, si bien, en este caso, por razones económicas: el carbón dejaría un hueco estimable a sus ciclos combinados ociosos y más rentables.

Pedro Sánchez podría dar largas al Gobierno argumentado que no puede pronunciarse en tanto no lo haga el grupo de expertos que, dirigido por Jorge Sanz, el Gobierno ha designado para elaborar un informe que sirva de base para la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que no verá la luz hasta el próximo año.

Pedro Sánchez se debate entre sus compromisos con Asturias y la facción ‘verde’ del partido, que encabeza Narbona

Una excusa que Nadal podría rechazar, pues parece dispuesto a ganar el órdago a las grandes eléctricas: además del pulso del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el de la italiana Enel, propietaria de Endesa, cuyo consejero delegado, Francesco Starace, tuvo la osadía de anunciar en la última junta el cierre de las dos grandes centrales de carbón de la eléctrica española: Compostilla, en León, y Teruel, con una capacidad conjunta de casi 3.000 MW. Ambas además forzaron el cierre de Garoña, algo que, según varias fuentes, Nadal no les ha perdonado.

De la intención del ministro de aprobar primero el RDL y después su reglamento (el que ha remitido a la CNMC), dan cuenta unas declaraciones en las que él mismo aseguraba no tener ninguna prisa en tramitar el real decreto. Pero el desafío de Iberdrola al pedir el cierre de sus dos pequeñas centrales (suman 874 MW), le rompió los esquemas y decidió entrar en el juego con un real decreto que equivale a comenzar la casa por el tejado. El supervisor se enfrenta, por tanto, a un serio problema: o devuelve al ministerio un texto sin rango, a la espera de que se lo otorgue una hipotética modificación de la Ley Eléctrica, o lo dictamina condicionado, lo que le valdría fuertes críticas.

El ministerio confía en que lo tramite mientras logra el apoyo del PSOE. En cualquier caso, ya ha dejado claro que el cierre de las centrales de Iberdrola no escaparán al bloqueo de Nadal. El ámbito de aplicación de la propuesta son las centrales de culaquier tipo y más de 50 MW que hayan solicitado el cierre con posterioridad al 15 de septiembre de este año y que no hayan sido resueltas definitivamente “a la entrada en vigor del presente real decreto”. Una apostilla con la que el Gobierno defenderá que no se trata de una retroactividad de primer grado, sino una retroactividad impropia admitida legalmente. Una medida “artificial y torticera”, según fuentes empresariales, que consiguen dilatando la resolución de las solicitudes cursadas ya.

Alargando el trámite, el ministerio podrá aplicar las restricciones de la futura ley a las térmicas de carbón de Iberdrola. Se salvará, sin embargo, la petición que en mayo hizo Gas Natural Fenosa para cerrar la pequeña planta de Anllares, que solo podrá ser denegada si se demuestra que pone en peligro la seguridad de suministro.

Desde 2001, se han cerrado en España, sin mayores problemas, una treintena de centrales térmicas (fuel, carbón y dos nucleares) que sumaban casi 9.000 MW de capacidad. Aunque en los peores años de la crisis, las eléctricas pidieron también clausurar algunas de sus centrales de ciclos combinados, más nuevas, pero ociosas por el exceso de capacidad del sistema, solo ha cerrado el de Viesgo en Tarragona. Aunque Iberdrola logró permiso para el suyo de Castellón, al final reculó y optó por mantenerlo.

Cómprese una nuclear por cero euros

El borrador de la norma con la que el ministro de Energía quiere endurecer las condiciones para el cierre de centrales ha dejado estupefacto al sector. Lindezas como bodrio”; “norma heterodoxa, única en el mundo” o “pataleta de Álvaro Nadal” son algunos de los calificativos que circulan sobre un texto que incluye un extraño sistema de subastas reguladas. Se trata de una “opción” que tendrán las eléctricas a las que se les deniegue el permiso para el cierre de una central y no quieran continuar con la actividad. En su solicitud para cerrar, la propietaria deberá presentar un plan económico, en el que figuren los costes de la clausura (desmantelamiento, medidas laborales o sociales y medioambientales), así como los ingresos derivados de una posible venta de los activos desmantelados. La diferencia entre ingresos y costes será “el saldo neto del desmantelamiento”.

La subasta, de puja al alza, será organizada por la CNMC y se adjudicará al mejor postor. El precio de salida será de cero euros si el citado saldo neto resultara negativo y, en caso de ser positivo, el precio será el valor de dicho saldo. En este último caso, si la subasta queda desierta, se celebrará una segunda, para la cual, el supervisor deberá encargar una valoración independiente. Si esta vuelve a quedar desierta, el ministerio podrá autorizar la clausura o, ¡sorpresa!, adjudicar a un tercero (también mediante subasta) al que se dará una recompensa (pagos por capacidad), que no podrá superar el daño económico (¿cómo valorarlo?) causado por el cierre. El que el Gobierno esté dispuesto a compensar a terceros, pero no a las propietarias, es una muestra, según el sector, de que se trata de una venganza en forma de ley.

En este punto se abre un abanico de sospechas: si se adjudican a empresas públicas, se interpretará como una nacionalización que perjudicará a unas compañías que buscan un hueco en el mercado para sus ciclos de gas. Nadal se las verá con Bruselas, que ya investiga los pagos por capacidad de España, y con el propio Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al que implicará en el trámite de solicitudes de cierre que pidan las empresas.

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