Un mecanismo de seguridad para la banca que sea transparente y equitativo
El sector presenta un agujero de 117.000 millones en instrumentos de absorción de pérdidas
Entre las consecuencias que nos ha dejado la larga crisis financiera que han vivido las economías mundiales destaca una ola de regulación preventiva que resulta especialmente acusada en el sector financiero. En ese contexto se encuadra la normativa europea que desde 2015 exige a las mayores entidades del sector el mantenimiento de una cantidad suficiente de recursos propios y pasivos para poder financiar su propio rescate sin necesidad de utilizar fondos públicos. Se trata de un mecanismo conocido por sus siglas en inglés: MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
La Junta Única de Resolución, organismo europeo encargado de la liquidación de entidades en dificultades, ha concluido que los bancos en Europa presentan un agujero de 117.000 millones de euros en estos instrumentos de absorción de pérdidas. Aunque hasta el momento Bruselas no había concretado cifras, la intención es fijar a partir de ahora objetivos concretos para las entidades sistémicas o complejas, así como generales para el resto.
Todo apunta a que Bruselas quiere apurar en lo posible ese proceso. También a que tendrá en cuenta, a la hora de fijar los objetivos, que la mayor parte de la banca europea es local y que, por tanto, las exigencias no pueden ser idénticas a las de la gran banca internacionalizada. Aunque la obligación mínima será mantener un colchón equivalente al 8% de los activos ponderados por riesgos, en la práctica el requerimiento puede ser mayor y obligar o bien a realizar una ampliación de capital o bien a reducir el mercado de actividad.
A lo largo de los últimos años, la banca europea ha llevado a cabo un profundo proceso de reestructuración y ha cumplido con unas severas –aunque útiles y necesarias– exigencias de recapitalización. Esos estándares han sido especialmente gravosos para la banca española y han dado lugar a agravios comparativos. Precisamente por ello, desde la banca española se reclama ahora, con razón, que los objetivos marcados por Bruselas en esta vuelta de tuerca de la regulación anticrisis se establezcan con eficiencia, transparencia y equidad. Al fin y al cabo, hablamos de una norma preventiva, no de una sanción.