La cultura del cumplimiento se afianza en las profesiones
Cada vez más prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor de ser sancionado
Las profesiones, tanto los profesionales como sus organizaciones colegiales, nos encontramos en un entorno marcado por cambios normativos y por el deber de cumplimiento o compliance. Se trata de un espacio en el que, cada vez más impera la cultura de cumplimiento. Prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor a ser sancionado.
El panorama regulatorio de las profesiones requiere, como se ha venido haciendo en los colegios profesionales, de seguimiento, análisis y estudio, pero de manera singular del establecimiento de medidas más preventivas que reactivas, ya que una actividad desempeñada por corporaciones colegiales pasa necesariamente por un trabajo basado en la responsabilidad, la transparencia, y por supuesto, el análisis de riesgos y el control del cumplimiento normativo.
Describo a continuación algunas de las novedades normativas que requieren de la presencia e implicación de las profesiones, ya sea en el rol de organización o de profesional, y es que cada vez más, las organizaciones y los profesionales hemos de mirar más allá del mero «deber de cumplir», para focalizarnos en aportar un mayor impacto positivo en la sociedad a través de nuestra forma de proceder. En este esquema, las profesiones han de tener su espacio adecuado, así como el apoyo necesario para poder llevar a término lo que se les ha encomendado. Respecto de la protección de los datos, a finales de julio terminó el plazo para realizar aportaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en el trámite de audiencia e información pública. Asimismo, el pleno del CGPJ aprobó por unanimidad el informe al Anteproyecto y recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica. Se pretende con ello adaptar y homogeneizar la normativa interna a las disposiciones del Reglamento General Europeo de Protección de Datos que será de aplicación a partir del día 25 de mayo del 2018, aunque en vigor desde el 2016.
La normativa recoge la figura del responsable y el encargado del tratamiento de datos, así como del Delegado de Protección de Datos (DPD). En este contexto hay que señalar la presentación en el mes de julio del Esquema de Certificación del DPD, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) junto a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Una colaboración en la que cobra protagonismo esta relevante figura. Y aunque la certificación no es la única vía para ser DPD y en ningún caso será obligatorio utilizar un determinado esquema, la Agencia aconseja su uso por la fiabilidad y seguridad que ofrece a empresas y profesionales.
Siempre que hayan sido acreditadas previamente por la ENAC, las corporaciones colegiales pueden ser entidades de certificación del DPD, y podrán asimismo impartir formación en este ámbito ya que organizar cursos para la formación continua de los profesionales es una de las funciones que tienen atribuidas por ley. Ello implica una responsabilidad derivada de su condición de entidad pública-privada, al velar por la defensa de los intereses de los profesionales, al tiempo que la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por estos.
Y en cuanto a la transparencia, también a finales del mes de julio finalizó el plazo para la presentación de aportaciones al Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está desempeñando una intensa labor en el ámbito de la formación y divulgación, no solo para el cumplimiento con la ley, sino por impulsar una cultura en la que exista una verdadera sensibilidad hacia la materia. Es sabido que el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de transparencia se refiere a las corporaciones de derecho público, debiendo cumplir con la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, aunque únicamente en el marco de «aquellas actividades sujetas a derecho administrativo». Es esta otra materia en la que hemos de desempeñar un papel activo.
Resulta muy conveniente, en definitiva, la adecuación a las normas, no solo por no transgredirlas, sino por la responsabilidad que tenemos con la mejora continua, por razones de buen gobierno y, por supuesto, de compromiso social. Todo ello está muy presente en los colegios profesionales.
Jose Antonio Sánchez Lucán es Presidente del Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas