Cuando los ministros de Trabajo dudan de las reformas laborales
Tres exministros de Empleo recelan de la efectividad de los cambios normativos
Me gustaría transmitir cierta desconfianza en el papel y el peso que se les presuponen a las políticas y a las reformas laborales para alterar la realidad del mercado de trabajo”. Esto lo podría haber dicho un empresario recalcitrante o un académico escéptico, pero no, son palabras dichas ayer por Valeriano Gómez, exministro socialista de Trabajo de octubre de 2010 a diciembre de 2011.
¿Qué quiso decir con esto? Pues más o menos que las reformas laborales no son realmente las responsables de los grandes cambios que se producen en los mercados de trabajo. De hecho, verbalizó esta idea al considerar, acto seguido, que “lo importante es la política fiscal;es lo que incide sobre la rapidez en transmitir impulsos a la actividad y a la economía”, aseguró ayer Valeriano Gómez.
Otro exministro de Trabajo socialista, Celestino Corbacho, que precedió en el cargo a Valeriano Gómez (entre abril de 2008 y octubre de 2010), aseguraba también ayer que durante su mandato tuvo una particular “lucha” con el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. “Siempre me hablaba de la reforma laboral y nunca de cómo iba a gobernar la crisis del sistema financiero”, se quejaba ayer Corbacho.
Pero estos recelos sobre la efectividad de las reformas no solo llegan de los ministros socialistas. Manuel Pimentel, que fue ministro del Gabinete de José María Aznar entre enero de 1999 y febrero de 2000, intervino ayer junto a Gómez y Corbacho en una mesa redonda sobre los últimos 20 años del empleo organizada por Infoempleo y Adecco y dijo algo parecido a sus colegas del PSOE. En su opinión, en España, cuando llega la crisis se destruye más empleo que en otros países de su entorno y, de la misma forma, cuando cambia el ciclo, el mercado español crea empleo de manera más rápida y con mayor intensidad. “Esto no ocurre por motivos contractuales, del diseño de los contratos, sino por la propia estructura económica de España”, según Pimentel.
Así, la política fiscal, la monetaria, la reestructuración del mercado financiero o la estructura del tejido productivo son las cuestiones que, según estos tres exministros de Trabajo, influyen más en el devenir de los empleos que las continuas reformas laborales.
Se trata, no obstante, de reflexiones a toro pasado y desde la experiencia de haber hecho sus propias reformas laborales, cada uno de los tres, de las que no se puede decir que no tuvieran efectos sobre el mercado.
Para empezar por orden cronológico, Pimentel fue el artífice, primero como secretario de Estado de Empleo y después como ministro del ramo, de la primera gran reforma que abarató el despido de los fijos, creando el contrato de fomento del empleo indefinido, que creó una nueva indemnización por despido para un buen número de colectivos que consistía en 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, frente a la histórica compensación de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades. Fátima Báñez, la actual ministra de Empleo, generalizó después esta indemnización para todos los nuevos fijos en marzo de 2012.
¿Tuvo algún efecto sobre el empleo este abaratamiento del coste del despido, primero en 1997 y luego en 2012? Además, en ambas ocasiones, el cambio en el coste de la extinción laboral no vino sola, estuvo acompañado de medidas de flexibilidad en la negociación colectiva; sobre todo en la reforma de 2012.
Esta reforma, precisamente, tuvo su antecedente en la hecha por Valeriano Gómez, en 2011, que abrió la puerta a la primacía de los convenios de empresa sobre el resto, aunque con limitaciones.
¿Han tenido efectos estas otras medidas de flexibilidad? Y ¿qué hubiera pasado si no se hubieran hecho todos estos cambios legislativos?
Para una parte de los expertos que hablan a diario sobre el mercado de trabajo es obvio que las reformas que han abaratado el coste del factor trabajo –que podría decirse que han sido prácticamente todas las que se han hecho– han terminado generando empleo. Si no en un primer momento, sí cuando se ha estabilizado el ciclo.
Ese es, al menos, el argumento de los actuales moradores del Ministerio de Empleo, que justifican que la última reforma abriera a la vez la espita de la flexibilidad en las empresas para rebajar los salarios y la espita del abaratamiento del despido.
Esto ayudó a que se produjera la a actual devaluación salarial y la destrucción de 1,5 millones de empleos entre 2012 y principios de 2014. Si bien, con la vuelta del buen ciclo económico ya se han recuperado esos puestos y una parte de los dos millones más de empleos destruidos en la primera etapa de recesión de la última crisis. Y los salarios han comenzado a recuperar muy lentamente parte del poder de compra perdido. Aunque es cierto que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, sigue apostando por congelar los salarios y, a cambio, reforzar sus plantillas.
Por eso, es algo arriesgado decir que las reformas laborales no sirven para cambiar el mercado. Y quizás, los exministros de Trabajo se referían más bien a la falta de efectividad de los cambios normativos de la legislación laboral no para crear empleo sino para mejorar su calidad.
En ese punto, los tres insistieron también en lo inocuo de cualquier medida legislativa que se tome para frenar los abusos de la temporalidad. El más pesimista y tajante de los tres fue Corbacho que, con razón, se lamentó de que le hubiera tocado “la peor etapa del empleo de toda la democracia”. Y es que en los dos años y medio que Corbacho dirigió el Ministerio de Empleo se destruyeron casi dos millones de puestos de trabajo. “El ministro de Trabajo recibe todos los días en su móvil los parados con los que cierra el día anterior”, recordaba ayer con angustia Corbacho. Esa experiencia le ha llevado a ser pesimista, decía, sobre todo con el problema de la temporalidad. “Todas las reformas sobre la temporalidad han sido un fracaso y también fracasarán las futuras, salvo que hagamos un pacto de Estado con medidas muy drásticas sobre el contrato temporal;se trata de que tarde o temprano no sean una opción”, aconsejó.
Sin embargo, Pimentel y Gómez, aun compartiendo los fracasos de dichas medidas puestas en marcha, defendieron la existencia de los contratos temporales. “Esperemos que a nadie se le ocurra prohibirlos”, dijo Pimentel, quien defendió que se actué contra el abuso. Gómez, por su parte dijo que la tasa natural de temporalidad de la economía española debería estar entre el 15% y el 20%.
Dicho todo estoPimentel resumió así dos décadas del mercado laboral:“ahora las bases para crear empleo y crecimiento son mucho más sólidas que hace 20 años”
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