Economía facilitará el pago online sin tarjeta y eliminará comisiones de los bancos

Las entidades ingresan unos 800 millones al año por las transacciones a través de plásticos Habrá menos intermediarios: la comunicación de comercio y entidad será de igual a igual

Luis de Guindos, ministro de Economía. Efe

Es otro de los retos regulatorios de la banca, pero mucho menos conocido que los que suponen la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, que la ley hipotecaria o que la norma que modifica cómo han de realizarse las provisiones, conocida como IFRS 9. A estas tres normas ha de sumarse una cuarta: la segunda edición de la directiva sobre medios de pago (PSD, por sus siglas en inglés).

La nueva ley está encima de la mesa del Ministerio de Economía, que debe trasponerla en breve. La fecha teórica de entrada en vigor es el 13 de enero de 2018, si bien todavía faltan por desarrollarse estándares técnicos a nivel europeo que previsiblemente retrasarán su puesta en marcha.

La norma de servicios de pago implica numerosos cambios en el statu quo del sector financiero. Desde PwC destacan que “obligará a las entidades europeas a abrir sus infraestructuras de pago y a compartir los datos de sus clientes con otros proveedores de servicios financieros”.

Desde BBVA explican que, hasta ahora, los comercios recurren a intermediarios como proveedores de pagos electrónicos. Estos, a su vez, se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta, como Visa o Mastercard, que finalmente carga el cobro a una cuenta corriente. Cuando esté en vigor, comentan desde la entidad financiera, el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Es decir, el comercio y el banco se comunicarán directamente cuenta a cuenta. Los bancos no podrán ni impedir esta nueva interacción ni cobrar por ella.

Se reduce la responsabilidad del cliente de 150 a 50 euros

 

La nueva norma es taxativa para garantizar la confianza del cliente: “En caso de una operación de pago no autorizada, el proveedor deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante”. Si bien, cuando existan indicios de que el cliente ha operado de forma fraudulenta, el proveedor podrá realizar una miniinvestigación.

La actual Ley de Servi­cios de Pago explicita que el cliente soportará, hasta un máximo de 150 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído. Pues bien, este umbral se reduce a 50 euros con la legislación que entrará en vigor a partir de enero.

Los proveedores de pago tendrán la obligación de dar respuesta a las reclamaciones de los clientes en un plazo máximo de 15 días.

En los pagos con tarjeta el usuario deberá autorizar siempre el cargo del importe exacto que debe bloquearse, no como ocurre ahora en las gasolineras de autoservicio, los contratos de alquiler de vehículos o las reservas hoteleras. Se busca proteger más al consumidor cuando este desconoce el importe exacto de la operación en el momento en el que el cliente autoriza el pago.

 

Los nuevos interlocutores directos de las entidades financieras serán de dos tipos: los que dan servicios de pago y los que ofrecen información de cuentas. Los primeros, que proporcionan “servicios de iniciación de pagos”, podrán ser desde empresas de telecomunicaciones hasta gigantes de internet como Google, Apple, Facebook o Amazon. También las fintech tienen el campo expedito para dar servicios específicos con menos comisiones para los comercios.

“Existirán menos intermediarios y habrá comisiones que desaparecerán. Algunos de los ingresos de los bancos y de las marcas de tarjetas de crédito están en cuestión”, apunta Raquel Garcés, socia del sector financiero de PwC.

377 millones hasta junio

La banca ingresa unas comisiones anuales por transacciones con tarjetas de débito y crédito en el entorno de los 800 millones de euros. Solo entre enero y junio del presente ejercicio, estas tasas sumaron más de 377 millones de euros, según los últimos datos depositados en el Banco de España. Si bien, la mayor parte de estos ingresos se debe todavía a las operaciones realizadas al margen del entorno online.

En el importe se suman dos conceptos. Las tasas de intercambio, que son lo que paga el comerciante al dueño del terminal punto de venta (TPV), y las de descuento, que son lo que abona el propietario del TPV al emisor de la tarjeta del comprador. En la mayoría de los casos, los beneficiarios son los bancos.

En este montante no se computan las eventuales comisiones que las entidades cobran a los clientes por la emisión o renovación de los plásticos.

Las suecas Trustly y Sofort o la estadounidense Paypal ya ofrecen estos servi­cios, pero con un hándicap: necesitan las claves de usuario de la banca online del usuario o la creación de una cuenta específica vinculada. Con la nueva norma esto no será necesario. “Durante mucho tiempo, los bancos han tenido un notable control de los servicios de pago fundamentalmente porque los cargos en las cuentas de los titulares pagadores habían de ser autorizados por la entidad de crédito. Con la nueva regulación se pretende promover la competencia en el mercado de servicios de pago creando nuevas oportunidades para terceros que pretendan ofrecer los servicios de pago online”, afirma Curra Munuera, socia de bancario y financiero de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Pero al mismo tiempo el control de la seguridad será máximo. Los proveedores de servicios de pago establecerán procedimientos de gestión de incidentes y los graves deberán comunicarse la autoridad competente en el Estado miembro de origen [el Banco de España o el que corresponda] del proveedor de servicios de pago, explican en una nota desde la boutique de asesoramiento regulatorio finReg. El Banco de España, a su vez, informará al BCE y a la EBA. El segundo tipo de interlocutores son los proveedores de información sobre cuentas, como Fintonic, Finect, Plaid, Kontomatik, Eurobits, Afterbanks, ­Yodlee o Mint.

La directiva explica que “proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas”. Esto permite al usuario tener en todo momento una visión global e inmediata de su situación financiera. Son herramientas de control. El problema es el mismo que sufren los que dan servicios de pago: requieren las claves de banca electrónica, exigencia que quedará revocada con la nueva directiva. Con la información, estos intermediarios podrán ofrecer servi­cios financieros específicos a cada cliente. El espacio de crecimiento es enorme.