Un mercado inmobiliario que va a la par que la recuperación económica
El mercado inmobiliario en España batirá un récord histórico en 2017
El mercado inmobiliario en España ha pasado de ser un páramo, durante los duros años posteriores al estallido de la burbuja, a convertirse en un imán para la inversión nacional e internacional. Los últimos datos del sector apuntan a que en 2017 se volverá a batir un récord histórico en capital inversor, canalizado fundamentalmente a través de la compra de oficinas, centros comerciales, locales, hoteles y naves industriales. Una concentración de capital que hasta septiembre alcanzó los 9.600 millones de euros, lo que supone casi un 48% más en términos interanuales. Las previsiones apuntan a que este año podría cerrarse con un montante de 12.800 millones, un 15% más que en 2016.
La explicación de este fuerte repunte en el sector inmobiliario se explica por varios factores. Por una parte por la aparición, a partir de 2014, de los primeros fondos especializados en búsqueda de ofertas, así como de instrumentos especializados y fiscalmente atractivos, como es el caso de las socimi, que han impulsado el ritmo de las adquisiciones inmobiliarias hasta niveles nunca vistos. Por otra, la recuperación de la propia economía española y la vuelta de la confianza de los mercados, que ha mejorado considerablemente el acceso a la financiación y ha reconstruido la imagen de España como un país solvente para invertir.
Una prueba más de esa recuperación la concedió ayer Bruselas al hacer públicas sus previsiones de otoño. La Comisión Europea apuesta por un escenario más optimista que el dibujado por el Gobierno y cifra en un 3,1% el crecimiento para 2017 y en un 2,5% el de 2018. Bruselas ha minimizado el impacto de la crisis catalana, pese a alertar del riesgo de "futuras evoluciones" y advertir de que las previsiones para España se cumplirán "siempre y cuando se supere el elemento de incertidumbre" que representa Cataluña. La actitud de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ayer acató expresamente ante el Tribunal Supremo el artículo 155 de la Constitución debería ser una primera señal –al menos es lo deseable– de que algo puede moverse en ese sentido.