Omel recorta el sueldo del nuevo presidente tras su polémica designación

El consejo aprueba un “ajuste” del sueldo y la indemnización de Ignacio Grangel Los consejeros han pedido criterios técnicos en la designación de presidente

Ignacio Grangel, presidente de Grangel.

El consejo de Omel/Omip, operador del mercado ibérico de la electricidad (Míbel), aprobó el pasado jueves, 2 de noviembre, sin unanimidad, el nombramiento de Ignacio Grangel como nuevo presidente de este holding en sustitución de Pedro Mejía. La decisión deberá refrendarla un a junta extraordinaria convocada el 13 de diciembre.

Este nombramiento, que adelantó por CincoDías, no ha estado exento de polémica: por la persona designada (Grangel fue jefe de Gabinete del exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, artífice del recorte a las renovables); por cómo se ha llevado a cabo el proceso (a petición del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal), así como por el elevado sueldo (medio millón de euros) del presidente de una empresa con una retribución regulada, que procede de los peajes que pagan los consumidores en la factura de la luz: casi 15 millones este año.

Tras las reticencias mostradas por la propia Comisión de Retribuciones y Nombramientos de Omel, que pidió la participación de los consejeros en la reunión en que se iba a acordar el nombramiento y el salario del máximo ejecutivo, el consejo finalmente decidió un recorte del sueldo acordado inicialmente para Grangel, el mismo que había cobrado Mejía desde 2009. De casi 500.000 euros fijos se ha bajado a 300.00, más un 40% variable.

El consejo extraordinario del día 2 estuvo marcado por las críticas de una parte de los consejeros, un total de 18 que representan a los 22 accionistas de Omel. Entre ellos se encuentran las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo); su patronal, Unesa; Repsol; Acciona; AFI, Anfac y varias bancos (Santander y BBVA, entre otros). Ninguno puede tener más de un 5% del capital.

Más de un tercio de los consejeros delegó su voto en una reunión en la que había que aprobar, además de la designación y las condiciones del contrato de Grangel, el pago no menos polémitco de una indemnización a Mejía de casi 1,5 millones (algo más de tres años de salario).

Según fuentes próximas al consejo, varios representantes expresaron su malestar con el procedimiento seguido para la sustitución de Mejía, “carente de orden y transparencia e iniciado vía telefónica” directamente por el propio Nadal. En este sentido, para el futuro, se planteó la conveniencia de “establecer un proceso de selección de candidatos que respondiera a un perfil eminentemente técnico”. Sin pretender una valoración personal, hay quien se preguntó si un abogado del Estado, como es el caso de Grangel, puede ser el idóneo para el puesto.

Asimismo, y a raíz de que trascendiera la retribución del nuevo presidente, así como su posible indemnización por despido, se “ajustó” la propuesta inicial de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordándose una rebaja del salario de 500.000 euros fijos a 300.000 euros fijos más un 40% de variable máximo por objetivos, aun por definir. En el caso de la futura indemnización se le ha rebajado de las 40 mensualidades cobradas por Mejía, a 12.La duración del contrato se mantiene en seis años, como hasta ahora.

Aunque hubo quien planteó un recorte de la millonaria indemnización a Mejía, el consejo finalmente la mantuvo, ya que el importe figuraba en su contrato y el expresidente aportó al consejo dos dictámenes de sendos despachos de abogados defendiendo el cobro estipulado hace nueve años.

Igual que el homólogo portugués

Una de los argumentos esgrimidos para no recortar el salario acordado con el nuevo presidente de Omel, Ignacio Grangel, es que su homólogo de Portugal, el presidente del holding tenedor de las acciones del operador del Míbel Polo-portugués (Omip), también gana unos 500.000 euros al año. Pagarle mucho menos al español, que gestiona un mercado cinco veces mayor, habría resultado discriminatorio, se dijo.

Respecto al perfil y el procedimiento de designación, el consejo pidió que la próxima vez, sea Omel la que haga una selección de candidatos con criterios técnicos y que lo apruebe luego el ministro de Energía y no al revés, como ahora, en que este lo nombre a dedo. El Gobierno tiene un derecho de veto, según los acuerdos de creación del Míbel.