Hacia unos nuevos seguros de catástrofes
Es necesario avanzar en la transferencia de estos riesgos a las pólizas para minimizar su impacto El huracán Irma, a su paso por Florida (EE UU), en septiembre.
El sector asegurador juega un papel fundamental para mitigar las cuantiosas pérdidas económicas derivadas de catástrofes naturales como las últimas ocurridas en Norteamérica y Caribe. No obstante, estos eventos ponen de manifiesto que las pérdidas cubiertas por el sector asegurador son solo una fracción de las pérdidas totales.
Este año la temporada de huracanes en el Atlántico es la más activa desde 2005, según el índice de Energía Ciclónica Acumulada. Por otra parte, México ha sido sacudido por dos importantes seísmos.
Dejando al margen la tragedia que ha supuesto para los afectados, especialmente en cuanto a víctimas mortales, los daños materiales y las pérdidas económicas se estiman en miles de millones de dólares.
Es habitual que los países más expuestos a estos eventos dispongan de fondos gubernamentales o partidas presupuestarias específicas para resarcir los daños. En Estados Unidos existe el Programa Nacional de Seguro contra Inundación (National Flood Insurance Program, NFIP por sus siglas en inglés), que permite a los dueños e inquilinos de viviendas y propietarios de negocios adquirir un seguro contra inundaciones con el respaldo del Gobierno federal.
Otro ejemplo es el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) mexicano, que cubre los efectos de catástrofes imprevisibles. En agosto de este año, el Gobierno de México, con apoyo del Banco Mundial, emitió el Bono Catastrófico 2017-2020 por 360 millones de dólares contra pérdidas por terremotos y ciclones tropicales, que pagarán al Fonden en caso de desastre natural con derecho a cobertura.
Estos sistemas de garantías estatales son un complemento de la actividad del sector asegurador, que a través de las pólizas de seguros privados soporta el mayor coste. Sin embargo, un volumen significativo de pérdidas por daños materiales en bienes muebles e inmuebles no está cubierto.
Por ejemplo, aunque la tasa de penetración de seguros en Estados Unidos es mucho mayor que en otros países de su entorno, las pérdidas económicas de Harvey o Irma superarán las pérdidas aseguradas por un margen considerable.
La firma de modelización de riesgos por catástrofes RMS, que realiza estimaciones de la pérdida económica por los daños materiales y lucro cesante consecuencia de la interrupción de la actividad, estimó que la pérdida asegurada por el huracán Irma a su paso por Florida y el sudeste de Estados Unidos, estará entre 25.000 y 35.000 millones de dólares (incluyendo 5.000 millones del NFIP) frente a una pérdida económica total entre 35.000 y 50.000 millones de dólares.
Para los países del Caribe, donde la tasa de penetración de seguros es más baja que en Estados Unidos, la brecha entre ambas cantidades es aún mayor.
La pérdida asegurada por Irma en el Caribe estará entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para unas pérdidas totales de 25.000 a 45.000 millones, mientras que las pérdidas aseguradas por el huracán María, en Puerto Rico y República Dominicana, se estiman entre 15.000 y 30.000 millones de dólares para unas pérdidas totales de 30.000 a 60.000 millones, según RMS.
En México, según AIR Worldwide, otra firma de modelado de riesgos catastróficos, las pérdidas aseguradas por los seísmos de Chiapas y de Puebla se situarán entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, sin llegar a cubrir el 25% de las pérdidas económicas totales.
Esta insuficiencia de la cobertura aseguradora también sucede en España, a pesar de contar con uno de los mejores instrumentos al servicio del sector asegurador: el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), responsable, entre otros, de indemnizar los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social, a condición de tener suscrito un seguro para las personas o bienes afectados.
Como ejemplo, las pérdidas materiales por el terremoto de Lorca en 2011 se estimaron en un importe superior a 1.000 millones, pero las indemnizaciones abonadas por el CCS apenas superaron los 500 millones.
Como conclusión, en un entorno mundial en el que las catástrofes naturales ocurren con mayor frecuencia y a pesar de los grandes avances en la investigación y desarrollo de medidas para la prevención y protección de personas y bienes, es necesario avanzar hacia un modelo más desarrollado de transferencia de estos riesgos al sector asegurador que minimice el impacto económico que sufre la sociedad ante su ocurrencia.
Roberto Fernández es director del área técnica de March JLT