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Los ricos cierran 300 sicavs este año ante el riesgo de pagar más impuestos

Las gestoras de estos vehículos siguen sacándolos de España El número de sociedades cae al mínimo en 14 años

Radiografía de las sicavs en España
Carlos Cortinas

Regreso al pasado. El panorama de una parte importante de la industria de inversión colectiva, el de las sociedades de inversión de capital variable o sicavs (casi 33.000 millones de euros) vuelve a las cifras de 2003.

La avalancha de cierres desde que comenzaron a sonar los tambores que cuestionan su estatu quo supera los 500 (véase gráfico). PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos abrieron la caja de Pandora en los comicios de 2015.

La oleada de conversiones de estos vehículos, que pagan el 1% en el impuesto que abonan las empresas, frente al 25% general, en sociedades anónimas o limitadas, sus fusiones con fondos de inversión o directamente su liquidación se ha acelerado en el año en curso.

El consejero de la CNMV Ángel Benito advirtió a inicios de mes que “en este año se han dado de baja más de 300 sociedades, lo que supone más de un 10% del total de sociedades inscritas en nuestros registros”. “Sin duda, la incertidumbre actual sobre posibles cambios legales está pesando en los datos asociados a estos vehículos”, agregó.

Cómo invertir en una sicav

 

El acceso del gran público a las sicavs, que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), debería ser sencillo. Bastaría con dirigirse a uno de los miembros de ese mercado. Pero no es así.

Son 35 los intermediarios que forman parte del MAB, incluidos casi todos los grandes bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter. Solo falta Bankia. Pero fuentes del sector señalan que comprar acciones de una sicav es una misión imposible para un particular. No se facilita su acceso, salvo en contadas excepciones.

Ciudadanos es partidario de no aplicar en toda su intensidad el acuerdo que impide la reducción de la factura fiscal a menos que haya 100 accionistas con el 0,55% del capital. A cambio, pide “la apertura de las sicavs para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada”,

La figura existe en todos los países de la Unión Europea. Desde la asociación del sector, Inverco, señalan que un cambio en su regulación solo implicaría una descolonización del patrimonio. España, junto con Portugal, es uno de los países más estrictos en la definición de estos vehículos, al exigir al menos 100 socios.

 

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Las cifras de la asociación de instituciones de inversión colectiva (fondos y sicavs), Inverco, revelan que a cierre de septiembre había 2.900 sicavs, una cifra que contrasta con el máximo histórico por encima de las 3.400 de hace tan solo dos años, ahora es idéntica a la de 2003. Entonces, aún se denominaban Simcavs (sociedades de inversión mobiliaria con capital variable), una figura creada en 1983 para evitar la fuga de los grandes patrimonios a Luxemburgo. Esa huida que se quería evitar hace 34 años se retoma ahora. Los gestores de varios de estos instrumentos de inversión colectiva, que exigen un mínimo de 100 accionistas para disfrutar de las ventajas fiscales, están marchándose al Gran Ducado y también a otros países europeos que les garantizan total estabilidad jurídica.

Los accionistas de las sicavs han de tributar, al igual que los partícipes de los fondos de inversión, por las plusvalías en el tramo del ahorro de la declaración de la renta. Es decir, los dueños abonan por las ganancias entre el 19% y el 23%. No existe evasión fiscal, solo aplazamiento, como con los fondos.

La creación de nuevas sicavs en el año ha quedado reducida al simbólico número de seis, mientras que una cascada de liquidaciones continúa llegando al supervisor de los mercados. Sebastián Albella, presidente de la CNMV, ha abogado desde su llegada al supervisor en noviembre del año pasado por mantener la regulación tal y como está.

El sector avisa de que las fugas a Luxemburgo continuarán salvo que se ofrezcan garantías de que se mantendrá la actual regulación

Sin embargo, es un arma electoral y en el pacto de investidura suscrito por el Partido Popular y Ciudadanos incluye que solo puedan disfrutar de las ventajas tributarias aquellas sicavs que tengan al menos 100 socios con el 0,55% del capital cada uno. El acuerdo también recoge el traspaso de su vigilancia a la Agencia Tributaria; en principio, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda era el encargado de su control, pero este fue transferido a la CNMV en el año 2005.

“La situación es insostenible, ya estamos preparando todo para irnos a Luxemburgo. No podemos estar pendientes del capricho político”, explican desde una gestora con varias sicavs en España. Las ventajas de irse no son solo de tranquilidad jurídica, sino operativas, pues los fondos domiciliados en Luxemburgo son fácilmente distribuibles a través de plataformas como Allfunds, Inversis y Tressis, como publicó CincoDías el pasado 19 de octubre. El patrimonio de gestoras españolas allí suma alrededor de 16.000 millones de euros, cinco veces más que en 2012.

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