El Gobierno debe asumir cuanto antes sus tareas en la concesión del bono social

Las prisas al aprobar la norma obligará a que las empresas carguen con deberes que no son suyos

Hay quien dice que existen (al menos) dos clases de leyes problemáticas: las que lo son por una concienzuda mala técnica legislativa y las que lo son por precipitación. En este segundo grupo puede encuadrarse el reglamento que ha aprobado hace unos días el Gobierno para regular el nuevo bono social de la tarifa eléctrica. Una compleja normativa que distingue entre tres tipos de consumidores (vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión) y prevé para ellos distintos descuentos, así como otros beneficios.

Pese a que el texto establece que sea el Ministerio de Energía el encargado de certificar quiénes son los beneficiarios del bono, la precipitación a la hora de aprobar la norma ha provocado que sean las eléctricas quienes tengan que encargarse de esta labor, al menos inicialmente. El motivo es que el reglamento se ha ratificado sin contar con una herramienta que resulta fundamental para el cumplimiento de la norma: una aplicación informática que permitirá identificar qué clientes tienen derecho al bono sin que la comercializadora tenga que acceder en ningún caso a los datos de la renta.

La falta de esta pieza clave obligará a las compañías comercializadoras a hacer el papel de la Administración y a pedir a los usuarios sus datos de ingresos económicos, una información confidencial que el ciudadano no tiene por qué proporcionar a una empresa privada. Por parte de las empresas, se trata de una obligación gravosa –en el caso de familias con varios miembros hay que solicitar y examinar varias declaraciones de renta– así como de una responsabilidad que no les corresponde.

Ni los ciudadanos deben verse obligados a facilitar al sector privado datos de esa naturaleza ni las compañías tienen por qué cargar con una tarea que tiene un coste en tiempo y recursos y que las sitúa, frente a los solicitantes del bono, en una posición de decisión que no les corresponde. Es la Administración Pública y no el sector privado quién determina qué ciudadanos carecen de recursos, según la norma. Cuanto antes se deje claro y se aplique este principio, mejor para todos.

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