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Los inspectores piden que el Estado recompense a quien denuncie fraudes fiscales

Aseguran que serían más efectivos si pudieran actuar de "incógnito" Defienden que el Estado recupera diez euros porvcada euro invertido en luchar contra el fraude

Agencia Tributaria en Barcelona
Agencia Tributaria en BarcelonaReuters

La Organización de inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria. Durante su congreso anual que se celebra hoy y mañana en Sevilla, este colectivo ha reclamado que se regule la figura del confidente fiscal. Es decir, proponen que el Estado premie a aquellos ciudadanos que denuncien un supuesto fraude fiscal si el caso finaliza con el cobro de una deuda fiscal. En el ámbito del contrabando, ya se contempla esa posibilidad. El Estado también premia, por ejemplo, con un 10% del patrimonio aflorado a aquellos ciudadanos que comunican la existencia de una herencia que pasa a manos del sector público por falta de herederos.

Los inspectores creen que premiar al chivato fiscal elevaría el número de comunicaciones de fraude e incrementaría la recaudación. En la misma línea de lucha contra la evasión, los inspectores propusieron que se les permita actuar de incógnito. Actualmente, tienen la obligación de identificarse como funcionarios públicos nada más acceder a una empresa o comercio.

El documento presentado será entregado a todos los grupos parlamentarios y los inspectores confían en que finalmente exista un compromiso firme de establecer un Estatuto de la Agencia Tributaria como se contemplaba cuando se creó este organismo en 1992. Los inspectores destacaron que es rentable invertir en políticas contra la evasión. Sostienen que por cada euro que destina el Estado a luchar contra el fraude recupera casi diez. Estas son otras medidas que proponen los inspectores:

Los inspectores proponen que el director de la Agencia Tributaria sea elegido por el Congreso de los Diputados y, no como sucede ahora, por el Ejecutivo. Para el nombramiento se requeriría una mayoría cualificada y el mandato sería por cinco años y renovable por otros cinco.  Además de no seguir el calendario electoral, para asegurar la independencia se fijarían causas de destitución tasadas y reguladas. Actualmente, el secretario de Estado de Hacienda es también el presidente de la Agencia Tributaria. Los inspectores piden que se suprima este cargo para desvincular el organismo público de la política.

"La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria", señala el documento. Se trata de una muy vieja reclamación que ya fue estudiada, por ejemplo, por Josep Borrell en su etapa como secretario de Estado de Hacienda. 

Los inspectores defienden que se centralicen las deuda a recaudar por todas las Administraciones Públicas mediante su integración en un sistema de red que permitiría la interconexión automática.

Proponen que la Dirección General del Catastro pases a formar parte de la Agencia Tributaria como un departamento más. "La integración generaría importantes sinergias, que reforzarían la estructura de medios de apoyos administrativo".

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