Asufin denuncia ante la fiscalía a los ayuntamientos que cobran el impuesto de plusvalía
Presentará una querella por prevaricación contra los municipios que no acaten el fallo del Constitucional Advierte que deben dejar de cobrar el tributo sobre los inmuebles vendidos sin revalorización
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado ante la fiscalía que algunos ayuntamientos españoles siguen cobrando indiscriminadamente el llamado impuesto de plusvalía municipal pese al que el Tribunal Constitucional dictaminó el pasado mes de mayo que no deben abonarlo quienes vendan una propiedad que no se haya revalorizado. Les acusa de prevaricación.
La asociación hizo firme su denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional cargando concretamente contra los miembros del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato, responsable del área de Economía y Hacienda, y José Antonio Díaz de Cerio, director del organismo autónomo de la Agencia Tributaria, y haciendo extensible su acusación contra “todos aquellos responsables municipales de los tributos en los distintos ayuntamientos de España”, en relación al cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, usualmente conocido como impuesto de plusvalías.
El Tribunal Constitucional declaró “inconstitucionales y nulos los artículos que someten a tributación situaciones donde no hay incremento del valor en una vivienda”, exponen desde Asufin, donde recuerdan que ante ese pronunciamiento “no caben excusas” para demorar una corrección sobre su aplicación generalizada.
“Tanto los ayuntamientos como el presidente de la FEMP han declarado que están esperando a que el gobierno legisle al respecto, ignorando que las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado y automático cumplimiento”, clama Patricia Suárez, presidenta de Asufin, reclamando que no se puede permitir “que los ayuntamientos sigan cobrando un impuesto ilegal”.
“Los ayuntamientos han seguido cobrando la plusvalía en casos sin beneficios, a sabiendas de que están incumpliendo la sentencia”, denuncia Asufin, que avanza que presentará una querella por prevaricación administrativa contra estos municipios si la fiscalía encuentra indicios del delito de prevaricación administrativa al que aluden en su denuncia.
Asufin cuenta con unos 6.000 socios y viene impulsando acciones en defensa de los consumidores desde 2009, especialmente contra cláusulas abusivas de la banca.
