La FEMP propone una reforma integral del impuesto de plusvalía

Entiende que el nuevo tributo debe considerar la renta del contribuyente

Plantea que la cuota del impuesto sea deducible en el IRPF

impuesto de plusvalía
El presidente de la FEMP, Abel Caballero. EFE

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado ya el documento que ha remitido al Ministerio de Hacienda para que éste acometa con la mayor brevedad posible una reforma integral del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía.

Los municipios consideran que se debe adaptar cuanto antes la ley que regula dicho tributo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contrarios a la Carta Magna y nulos la tributación por plusvalía de aquellas operaciones donde no se pueda probar que ha habido un incremento de valor.

El texto enviado al departamento que dirige Cristóbal Montoro plantea dos posibles soluciones. La primera consistiría en adecuar el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario. Con el fin de conseguirlo, los ayuntamientos proponen que la base imponible incorpore cada año unos coeficientes que reflejen lo que hacen los precios del suelo, manteniendo la referencia al valor catastral.

Sobre quién debería ser la fuente que diseñe esos coeficientes, la FEMP apuesta por que sea el Catastro, al tratarse de un organismo “oficial” y plantea que cada ejercicio se actualice a través de los Presupuestos del Estado.

Los municipios consideran que de este modo se podría ofrecer a los contribuyentes las garantías y los mecanismos necesarios para poder acreditar en cada caso si ha habido o no un incremento de valor en el periodo a considerar para el cálculo de la base imponible. Otro de los cambios más relevantes que plantean las entidades locales es que en aplicación del principio constitucional de la responsabilidad de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se propone que no queden exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores al año.

Doble imposición

Otra de las opciones que baraja el documento remitido al Ejecutivo central se pone como objetivo reducir al máximo la litigiosidad del impuesto, dándole la mayor relevancia a la capacidad económica del contribuyente. De ahí que reclame “una reforma integral” del impuesto sustituyendo la actual base objetiva por otra base que grave la capacidad económica real del sujeto pasivo.

Este es un problema que se ha planteado en los últimos años en el caso de las herencias, cuando también es necesario tributar por plusvalía.

Numerosos contribuyentes vienen denunciando desde que se inició la crisis cómo se han visto obligados a renunciar a miles de herencias por no poder hacer frente al coste fiscal de las mismas, compuesto por el impuesto de sucesiones, pero también por el pago de la plusvalía municipal. Ahora, la FEMP plantea que se tenga en cuenta la renta del contribuyente al liquidar el tributo.

Con esa reforma integral, los ayuntamientos piden que esa nueva base tuviera en cuenta el incremento real del valor (tal y como sucede en la imposición de carácter personal) por la diferencia entre el “valor de transmisión o venta menos el valor de adquisición o compra”. Además, también plantean que se extienda ese incremento tanto al valor de la construcción y no solo al suelo, así como a los inmuebles rústicos y no solo a los urbanos.

De nuevo, exigen que se grave igualmente la plusvalía generada dentro del año. Con el objetivo de evitar la doble imposición, ya que las ganancias que puede generar la venta de una casa también tributan en el IRPF, proponen que la cuota del futuro impuesto de plusvalía sea deducible en los tributos estatales.

Otras reivindicaciones

Los ayuntamientos demandan a Hacienda que sea lo más ágil posible en la reforma de la plusvalía. Además, tienen otras reivindicaciones.

Pérdida de recaudación. El documento elaborado por la FEMP es claro. Hacienda debe compensar a los municipios que a la fecha de publicación de la sentencia tengan aprobado el impuesto por el 100% de la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de dicha resolución judicial.

Procedimiento. Asimismo, solicitan al Ministerio que publique una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse por parte de los ayuntamientos hasta que se apruebe la reforma del impuesto.

Negociación. Por último, exigen la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Gobierno central y los representantes de las entidades locales para concretar tanto los términos de la reforma del impuesto como la compensación de la pérdida de recaudación.

Plazos. Dada la cantidad de recursos que podrían estar acumulándose, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, urgió el martes al Ejecutivo a cambiar la ley en el plazo de semanas, “si me apuras, en el mes de junio”.

Normas