Gobierno y jueces aprietan a las empresas para que ayuden a frenar el referéndum
Confiscados 1,3 millones de carteles que llamaban al referéndum
El Gobierno español, la Fiscalía y los jueces han elevado la presión sobre las empresas para evitar que participen de cualquier manera en la promoción del referéndum convocado por el Parlamento de Cataluña y suspendido por parte del Tribunal Constitucional.
A falta de dos semanas para el 1 de octubre, la fecha marcada en rojo por el independentismo catalán, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha lanzado varias iniciativas para tratar de bloquear la acción de la Generalitat y otros organismos promotores de la consulta del 1 de octubre.
Uno de sus principales órdagos ha sido la toma de control de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña. El Ministerio de Hacienda ha asumido todos los pagos de servicios esenciales (sanidad, educación...) y nóminas de la gobierno autonómico.
En lugar de enviar a Cataluña los 1.400 millones de euros que mensualmente le corresponden dentro de la financiación para hacer frente a sus obligaciones, Hacienda pagará directamente a los proveedores.
Para que esta medida sea más efectiva, Hacienda va a exigir a las empresas y autónomos que prestan servicios o proveen bienes a la Generalitat que certifiquen que su actividad “no tiene relación con la financiación de actividades ilegales ni contrarias a las decisiones de los tribunales”, según consta en la orden ministerial publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado.
Además, un juez de Barcelona ha exigido a las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange...) que bloqueen el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum del 1 de octubre. Esas webs ya no eran visibles ayer en España.
Propaganda incautada
Otro de los frentes abiertos es el requisamiento en imprenta de material propagandístico para el referéndum convocado por el Parlamento catalán.
La Guardia Civil se incautó ayer de 1,3 millones de carteles de y folletos que defendían la participación en la convocatoria del 1 de octubre y el sí a la independencia.
La operación se desarrolló en una empresa situada Montcada i Reixac (Barcelona) donde se localizaron unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el sí, otros 130.000 carteles de menor tamaño también en apoyo del referéndum y unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat que se corresponderían con la campaña institucional del referéndum ilegal.
Por otra parte, la Guardia Civil ha acudido a varios medios de comunicación (El Punt Avui, Vilaweb, Elnacional, Racocatala y Naciódigital) para para entregarles la orden judicial que les manda retirar los anuncios del referéndum de sus webs y sus páginas de papel.