Una subida salarial razonable para los funcionarios
La oferta del Gobierno liga los incrementos a la evolución de la economía
El Gobierno tiene ante sí en los próximos días el reto de negociar la mejora de las condiciones salariales de los funcionarios públicos y de hacerlo en un tiempo récord. En principio, el próximo día 22 el Ejecutivo tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018, por lo que el plazo para retomar la negociaciones con los sindicatos tras el verano y cerrarlas con éxito se limita a apenas 10 días. La propuesta que Hacienda quiere poner sobre la mesa es novedosa y consiste en un plan de subidas para los próximos tres años vinculadas al PIB, una oferta que ha sido calificada ya por los sindicatos como un “factor más a tener en cuenta” en la negociación, pero no el único.
Pese a ello, no parece un mal cimiento para avanzar en las conversaciones, aun teniendo en cuenta la distancia que media entre las líneas rojas de lo que está dispuesto a ofrecer el Gobierno y las demandas de los agentes sociales. Los sindicatos insisten en reclamar una subida salarial ligada al IPC como fórmula para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, que cifran hasta en un 20% y, en caso de no lograrlo, amenazan con movilizaciones. Una reclamación que no parece razonable por dos grandes razones. La primera, por las limitaciones que introduce repecto a ese modelo retributivo la ley de Dexindexación y la segunda, por las propias exigencias que marcan los objetivos de déficit que España debe cumplir frente a Bruselas.
Hacienda se muestra dispuesta a pactar incrementos por encima del 1% –el porcentaje que los salarios públicos aumentaron en 2017– hasta el año 2020, referenciados a la evolución de la economía durante esos ejercicios. Los cálculos del Gobierno estiman un avance del PIB del 2,6% en 2018, 2,5% en 2019 y del 2,4% en 2020, por lo que el acuerdo fijaría una banda salarial en función de si esos objetivos se alcanzan o no. El modeloevitaría así al menos una pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios –más aún cuando el Gobierno prevé una inflación moderada en los próximos años– y no forzaría los números de un sector público cuyo peso recae sobre las espaldas de todos los españoles.