El juez reactiva la fase final de liquidación de Banco Madrid como concurso no culpable
La administración concursal debe proseguir adelante pese a recursos como el de PSN La mutua sanitaria se suma al resto de acreedores y cobra el 50% de la deuda
La liquidación de Banco Madrid, la filial de Banca Privada de Andorra (BPA) intervenida en marzo de 2015 cuando ambas fueron acusadas de blanquear capitales, entra en una fase decisiva tras los últimos autos emitidos por el juez responsable del concurso de acreedores.
De un lado, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, Carlos Nieto, despejó hace semanas el debate sobre la responsabilidad de los antiguos gestores dictaminando que el concurso no fue culpable sino fortuito.
De otro, el juez ha vuelto a poner en marcha la liquidación aclarando que los recursos de algunos de los acreedores no son motivo para paralizar el proceso. La decisión ha reactivado el concurso y permitido que acreedores como la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) empiecen a cobrar.
Hasta la fecha, el grueso de los 15.685 acreedores afectados, incluyendo a 287 empleados, miles de clientes y proveedores, habían ido recibiendo ya el 50% de la deuda que tienen reconocida. Es decir, unos 180 millones de euros de los cerca de 400 millones de agujero que provocó la liquidación de Banco Madrid.
Sin embargo, PSN asegura que no había cobrado aún un solo euro de la administración concursal, ejercida por las firmas Legal y Económico y Data Concursal, debido al pulso abierto entre ambas partes, que vienen reclamándose mutuamente el coste de la ruptura de los acuerdos comerciales que mantenían Banco Madrid y la mutua.
De hecho, todo el concurso quedó en suspenso al presentar PSN un recurso judicial por este asunto. Finalmente, sin embargo, el juez aclaró que la apelación “no tendrá efectos suspensivos de las operaciones de liquidación”, según un auto conocido por este diario, lo que ha reactivado la liquidación.
Así, PSN, que tiene reconocidos unos 900.000 euros de deuda de los que hasta hace poco solo había recibido 100.000 adelantados por el Fondo de Garantía, ha recibido ya cerca de la mitad de la deuda, igualándose al resto de acreedores, según fuentes próximas a la firma.
A su vez, la administración concursal se prepara ya para subastar los últimos lotes de inmuebles y créditos con los que pagar a los acreedores del proceso. No habrá recursos adicionales dado que el juez declaró el concurso fortuito, lo que excluye la posibilidad de que sus antiguos administradores tengan que correr con parte de la factura de compensar a los acreedores.
Quedan absueltos así el ex consejero delegado de Banco Madrid y BPA, Joan Pau Miquel; los propietarios mayoritarios del grupo, los hermanos Higini y Ramón Cierco; el expresidente de Banco Madrid, José Pérez; el exconsejero de la filial española Ricard Climent, y el exsecretario del consejo Rodrigo Achirica, que según el juez nunca habría podido ser declarado culpable dada su condición de no consejero.
El juez aceptó la tesis de los administradores concursales de que no hay elementos para considerar el concurso culpable, rechazando la petición del ministerio fiscal, al que recrimina que “no acompaña a su informe ni un solo documento, ni interesa la práctica de ninguna prueba, que permita dilucidar” si hubo irregularidades.
El juez echa en falta que el fiscal no presentara al menos copia del acta de inspección del servicio de prevención de blanqueo, el Sepblac, en el que se basa la investigación penal abierta.
Radiografía del “colapso”
El balance. El informe remitido por la administración concursal de Banco Madrid al juez defiende que el balance de la entidad del 13 de marzo de 2015, último disponible antes de iniciarse la liquidación, refleja la existencia de recursos suficientes para afrontar todos los pasivos exigibles a su vencimiento, pero no la suficiente liquidez para encarar la crisis de confianza generada en el mercado tras su intervención, lo que abocaba la firma al “colapso”.
La fuga de clientes. La información recogida por el juez en su auto apunta que la situación de insolvencia de la sociedad era inminente, pues tras la intervención de su matriz andorrana la fuga de depósitos fue de 124 millones entre el 10 y el 13 de marzo de 2015 y para ese viernes había órdenes de retirada de 52,3 millones más.
