Editorial

Un paso irresponsable hacia la inseguridad jurídica

La mayor parte de los empresarios confiaban en que la locomotora independentista frenase

El buen comportamiento de la economía en un contexto de vigorosa recuperación ha evitado hasta ahora que la ofensiva nacionalista se haya hecho notar de forma negativa en la economía catalana. Probablemente parte de esa suerte de blindaje de la actividad económica esté ligado al carácter pragmático de la clase empresarial, que ha llevado a la mayoría de las compañías a no pronunciarse sobre la tormenta política en que está inmersa la comunidad y a optar por seguir trabajando con normalidad. Solo un puñado de grandes empresas con presencia no solo en toda España, sino también fuera de ella han manifestado con claridad su opinión negativa sobre el proceso independentista. Han sido una excepción en un escenario que hasta ahora se ha caracterizado por la calma más o menos tensa.

La mayor parte de los empresarios e inversores confiaban en que la locomotora independentista no llegara siquiera a la estación a la que arribó ayer, como también en que el conflicto se resolviese a través del diálogo político. Pero a la vista de la estrategia de hechos consumados en la Cámara catalana, en un intento tan estéril como irresponsable de desmontar el orden constitucional, y a un Gobierno central que hasta ahora ha optado por un perfil bajo, esa confianza está abocada a resentirse. Los recursos y resortes constitucionales de que dispone el Gobierno de Rajoy y la inconsistencia jurídica del proceso secesionista hacen poco creíble una hipotética segregación de Cataluña del resto del Estado, pero el clima de inestabilidad tiene potencial suficiente para pasar factura a una economía en la que operan más de 600.000 empresas.

Si los llamamientos al respeto del orden constitucional y los resortes propios de un Estado de derecho no han sido escuchados, quizá haya que apelar a la responsabilidad política y el cuidado del bien común en una economía que, como todas, depende de la estabilidad, la seguridad jurídica y la confianza. Lo que los empresarios piden es que el diálogo vuelva a ser posible, y que la clase política resuelva los problemas en vez de crearlos. A la vista de lo ocurrido ayer en Barcelona, una normalización parece lejana.

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