El Gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario

Se reunirán el próximo miércoles

El Ejecutivo designará un arbitraje obligatorio

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. EFE

El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario el miércoles por la tarde para analizar la situación en el aeropuerto de El Prat tras la convocatoria de la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen en el servicio de control de seguridad en El Prat.

Así lo explicó este lunes el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tras la reunión de la comisión de seguimiento del conflicto en la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la que participó también el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, y el alcalde accidental del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.

El ministro explicó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró oportuno convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con el objetivo de abordar el laudo de arbitraje obligatorio, que concederá un plazo de tiempo a la empresa y los trabajadores para consensuar la elección de un árbitro para el conflicto. Si no se ponen de acuerdo, será el Ministerio de Fomento quien designe uno que trabaje “con profesionalidad e independencia”.

De la Serna concretó que en el Consejo de Ministros extraordinario se evaluarán los informes de la Abogacía del Estado y comenzarán los plazos para designar al árbitro que determinará las soluciones para finalizar el conflicto de los filtros de seguridad de el aeropuerto. También evitó dar detalles sobre el contenido del laudo e incluso eludió confirmar si será aprobado en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del miércoles, aunque recalcó que Rajoy le ha trasladado su decisión de reunir al gabinete “para acelerar” los plazos de solución del conflicto de El Prat.

Pese a que no hay un plazo determinado para estos asuntos, de la Serna sugirió que el árbitro tendrá “un número de días” para elaborar su propuesta.

En la conferencia de prensa, el ministro se congratuló de que el dispositivo diseñado por el Comité de Crisis haya conseguido que el aeropuerto barcelonés “recobre la normalidad”, algo que “se consiguió” gracias al aumento de la presencia de efectivos de la Guardia Civil en la primera jornada de huelga indefinida.

El ministro añadió, que tras el fracaso de la negociación entre la empresa y los trabajadores y el proceso de mediación establecido por la Generalitat, el conflicto entró “en la tercera de las fases, en la que se debe garantizar la seguridad y el orden público”. Esta tercera fase no es otra que el inicio de un laudo de arbitraje obligatorio que resuelva un conflicto que tiene distintas consideraciones. Por un lado, el comité de huelga de Eulen presentó este lunes varias denuncias ante Inspección de Trabajo por presuntas vulneraciones del derecho a huelga de los trabajadores en el aeropuerto y otras incidencias como las “presiones” de la Guardia Civil hacia los trabajadores que cubren los servicios mínimos.

Así lo anunció el portavoz del comité, Joan Carles Giménez que aseguró que está dispuesto a continuar con la huelga indefinida, hasta que sea aplicado el arbitraje obligatorio, el cual “creen ilegal y que vulnera los derechos de la huelga”.

Giménez consideró que con un 90% de servicios mínimos establecidos por la Delegación de Gobierno y que los trabajadores “van a cumplir escrupulosamente” no debería de haber ningún problema de seguridad y criticó la actitud del Gobierno que “lo que prefiere es dictar un laudo obligatorio a su conveniencia”.

El portavoz del comité de huelga recibió el apoyo de Sergio Picallo, secretario de seguridad de UGT, que afirmó que el Gobierno “está violando el derecho de huelga” porque no se considera normal que la Guardia Civil sustituya a trabajadores “que están ejerciendo el derecho a huelga”. Picallo manifestó su desacuerdo con un arbitraje obligatorio. Para el dirigente de UGT,“imponer un laudo arbitral es eludir la responsabilidad de la negociación”, concluyó.

Por otro lado, el ministro de Fomento negó este lunes “rotundamente” que se hayan ejercido presiones sobre los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ni sobre “ninguna de las partes” del conflicto laboral para que aceptaran la propuesta de la Generalitat en el proceso de mediación.

De la Serna también afirmó que la Guardia Civil tiene las competencias en lo que es el control de acceso al aeropuerto porque deben “garantizar la seguridad nacional” y matizó que la presencia de los agentes del instituto armado en el aeropuerto es de carácter transitorio y se mantendrá “hasta que se ponga fin al conflicto”.

Fomento además aclaró que el Gobierno no pudo intervenir antes en el conflicto ya que no era posible establecer un laudo de arbitraje “si había un proceso de mediación abierto por parte del organismo competente, que es la Generalitat”. La Generalitat, por su parte, reforzó la presencia de los Mossos d’Esquadra en El Prat donde tienen encargada la seguridad del espacio público.

De la Serna respalda la gestión de Aena

Iñigo de la Serna respaldó este lunes “completamente” la gestión que ha hecho Aena en el conflicto de los empleados de la empresa Eulen.

Ante las críticas sobre la entrada tardía del ente en la negociación, el ministro explicó que en un conflicto de estas características, es necesario abrir un proceso de negociación entre las partes. Si no se llega a un buen puerto en las negociaciones, como es el caso.El ministro afirmó que, entonces, viene una segunda fase, en la que “la responsabilidad recae al 100% en la administración competente”, en este caso, la Generalitat. De la Serna añadió que, aun así, Aena estuvo presente en la mesa de negociación.

Vargas, el ausente. El titular de Fomento defendió también a José Manuel Vargas, presidente de Aena, tras las críticas realizadas por el partido socialista y el ayuntamiento de Barcelona sobre su falta de responsabilidad en el asunto y su desaparición del escenario público. De la Serna señaló que es él quien “ha dado la cara” en este conflicto y dijo que “está asistiendo a todas las reuniones”.

Por su parte, En Comú Podem, exigió su dimisión inmediata del cargo por ser el “principal responsable” de la precarización de Aena y, por ende, de la situación actual del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

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