Una revolución digital que no es de futuro, sino de presente
España tiene la ocasión de competir por los primeros puestos de la nueva economía
Pese a la frecuente comparación con la revolución industrial, la digitalización de la economía tiene una característica única que la diferencia de esta: la velocidad vertiginosa de los cambios y transformaciones que trae consigo. Una constante mutación de tecnología y procesos que fue ayer analizada con ocasión del foro Futuro Digital organizado por El País Retina. El mensaje de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que intervino ante un nutrido grupo de empresarios y de representantes del sector público, fue claro y contundente: España tiene la oportunidad de competir por los primeros puestos de la carrera por la transformación digital, un reto que debe abordarse desde todos los ámbitos y en el que el Gobierno tiene la tarea de crear una estructura económica y regulatoria ágil, competitiva y capaz de acoger ese cambio constante.
Como recordaba ayer Nadal, la economía española cuenta ya en su haber con áreas bien preparadas para competir en el ámbito digital. Es el caso del sistema sanitario – “el más digitalizado del mundo”– y el ecosistema tecnológico empresarial que este ha generado, o de la extensa cobertura de fibra óptica, la tercera en importancia tras la de Corea y Japón, o la pionera digitalización de ámbitos de la Administración Pública, como el tributario.
Frente a esos logros, la agenda de asignaturas pendientes de la economía digital en España es amplia y, como corresponde al ámbito al que se refiere, está sujeta a constante cambio. Parte de esa tarea pasa por la promulgación y adaptación de una regulación que ha sido pensada para una economía tradicional , y que debe adaptarse a la realidad de unos entorno de bienes, servicios y transacciones sin soporte físico. Una de las áreas que deberá reformarse en este sentido son las categorías tributarias, pero también ámbitos –como el de la educación– que requieren una profunda remodelación. Se trata de un proceso que no pertenece, ni siquiera de forma preferente, al sector público, sino que debe ser impulsado antes de nada por el tejido empresarial y estimulado por un consumidor cada vez más informado. Una cadena de economía digital que España debe forjar cuanto antes.