El precio justo de la absorción de Banco Popular para Santander
El mercado interpreta que será relativamente fácil capturar los 7.072 millones de la ampliación
Banco Santander ha publicitado las condiciones de la ampliación de capital con la que quiere financiar la absorción de Banco Popular y si la información sismográfica del mercado bursátil sirve de algo (la acción de Santander cayó ayer un 0,78%), da a entender que será relativamente fácil de llevar a cabo porque contiene una apreciable compensación para los accionistas de la entidad cántabra. Capturar 7.072 millones de euros por una entidad que vale en el mercado casi 90.000 millones, con un descuento de cerca del 18% no se antoja complicado, pese a que esta es ya la tercera vez que Santander reclama más dinero a sus socios (casi 22.000 millones desde 2008), si con ello se engorda el balance con una cartera de crédito de 82.000 millones, y que, aunque disponga de multitud de activos inmobiliarios averiados, contiene el liderazgo del negocio crediticio de las pymes.
Los 7.072 millones de euros que con seguridad aportarán los accionistas del banco es el precio real pagado por una adquisición que teóricamente se había librado por un euro. Con este nuevo capital, Santander acometerá la necesidad de provisiones de las que los activos inmobiliarios de Popular estaban necesitados y que han costado la intervención del banco por las autoridades bancarias europeas.
Pero la operación de absorción de Popular también tiene riesgos, que pueden llevar el precio definitivo más allá de los 7.072 millones pedidos ahora a los accionistas de Santander. Pueden ser los de Popular, que en teoría han perdido todo su capital en el banco, quienes puedan incrementar el coste si sus demandas en los tribunales son satisfechas por los jueces de alguna manera. Hay que recordar que la resolución de Popular ha sido una especie de experimento con la flamante regulación bancaria en la zona euro, y que aunque se trate de normas firmes, están sujetas a interpretación de los tribunales. La operación ha sido limpia, rápida y sin coste alguno para los contribuyentes que ya habían soportado el saneamiento de las cajas de ahorros quebradas. Pero sería deseable para la buena imagen del sistema financiero español que los litigios se resolvieran con celeridad y dieran certeza a los procedimientos ensayados ahora.