La familia Luksic recurre a la justicia europea para anular la resolución de Popular

Presenta un recurso contra el Frob y la Junta Única de Resolución

Considera que la medida de resolver el banco "fue desproporcionada"

El grupo chileno controlaba el 3,45% del banco antes de la intervención

Banco Popular
Una mujer pasa ante una oficina del Banco Popular en el Paseo de Gracia esquina con la calle Aragón de Barcelona. EFE/Archivo EFE

El magnate chileno Andrónico Luksic, propietario del grupo Luksic, ha decidido, como otros grandes accionistas de Popular presentar un recurso ante la Audiencia Nacional por la decisión de amortizar a cero las acciones de la entidad financiera madrileña y venderlo por un euro a Santander, atendiendo a una decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).

El grupo chileno, cuya participación en el banco alcanzaba un 3,45 % del capital y se conviertió en uno de los tres principales accionistas de la entidad, dirigió el pasado 21 de junio un recurso contra el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB). Aunque la compañía familiar tiene previsto también recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la JUR, que derivó en la amortización de las acciones del Popular con valor cero.

José Ignacio Bulnes, directivo de Aeris, el grupo inversor a través del cual Luksic entró en el capital de Popular, explicó el martes en Madrid que el fondo chileno confió siempre en una solución privada para el banco, bien a través de una ampliación de capital que estaban dispuestos a suscribir o mediante la entrada de un comprador (hablaron con el presidente destituido Emilio Saracho el pasado 8 de mayo). Prueba de ello, según Bulnes, es que Luksic compró títulos de Popular el 6 de junio, en la víspera de que se decidiera la resolución, y tras fuertes salidas de depósitos y de desplome de su cotización.

En total, su inversión en Popular, entre el 3 de enero de 2017 y el 6 de junio, le ha costado al grupo Luksic 113 millones de euros. A la espera de disponer de la información requerida, entre ella el informe de valoración de Popular y sobre la crisis de liquidez del banco, Luksic considera que la resolución de la entidad fue desproporcionada, arbitraria y poco transparente.

El abogado Jordi Soler, del despacho Roca Junyent, precisó que es crucial conocer el informe de valoración (de Deloitte) por el cual actuó el FROB. Y es que, agregó el letrado, la “supuesta valoración de un experto independiente” que precipitó la intervención “no tiene base ninguna” comparada con los datos de mercado.

Los representantes de la familia chilena consideran que la decisión de las autoridades de amortizar las acciones de Banco Popular, así como también los bonos contingentes convertibles y la deuda subordinada, es "desproporcionada" siendo la entidad todavía solvente. "Creemos que se debería haber dado más tiempo y haber proporcionado liquidez a través de las líneas de liquidez de emergencia", indicaron en rueda de prensa.

Además, estiman que las declaraciones de la presidenta del Mecanismo Unico de Resolución (MUR), Elke König, fueron "desafortunadas", ya que contribuyeron a agravar la crisis de liquidez. "La JUR, en vez de ser parte de la solución, fue parte del problema", agregaron.

Por lo que respecta a la actuación de la JUR, el argumento del futuro recurso se basa en que la actual legislación sobre resolución de entidades vulnera principios elementales del derecho de propiedad y de transparencia, y provoca indefensión en el inversor.

Si no se puede revertir esa legislación, explicó Soler, habrá que valorar los daños y perjuicios ocasionados a los accionistas. “Invertimos en Popular hasta el último día y hasta ese último día la entidad era solvente”, indicó Bulnes.

Ahora habrá que ver por qué el Banco Central Europeo (BCE) no inyectó la supuesta liquidez de la que carecía, dado que el problema era de liquidez y no de solvencia, añadió.

Desde Roca Junyent, solicitan la anulación del acuerdo de resolución y posterior venta de Popular, dado que atenta contra los principios del derecho de propiedad, no es transparente y no se otorga poder de decisión ni alegación a la parte afectada.

Mientras, una parte de los accionistas de la Sindicatura, con el 9,5% de Popular, la Unión Europea de Inversiones (UEI), someterá a votación en junta de accionistas la disolución de la sociedad después de la resolución de Popular, que ha supuesto la amortización de las 123,6 millones de acciones que el grupo mantenía. Este grupo también demandará al FROB y al JUR.

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