El Gobierno ultima la renovación de la CNMC que ha pactado con PSOE y C’s

Guindos ha esperado a la celebración de las primarias del PSOE

Los socialistas tendrán dos vocales, C’s, uno, y el PP renovará a una consejera

Sede de la CNMC.
Sede de la CNMC.

El Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 26 de mayo, la renovación del consejo de administración de la CNMC, según el acuerdo al que habían llegado a finales de marzo el PSOE y Ciudadanos con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se trata de un pacto político para relevar en su puesto a los consejeros María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, a los que se acabó su mandato hace más de un año, aunque tendrían derecho a repetir uno más.

Estos serían sustituidos por dos vocales a propuesta del PSOE; uno, de C’s y otro del Partido Popular, que renovaría en el mandato a María Ortiz. Esta consejera es la única de las nombradas en 2013 por el PP que se ha mantenido fiel al presidente del CNMC, José María Marín, en medio de las turbias relaciones de un consejo prácticamente monocolor. De los 10 miembros del consejo solo dos, no son del PP: Idoa Zenarruzabeitia (PNV) y Josep María Guinart (CiU).

El acuerdo, que se remonta al pasado mes de enero, se encontró por el camino con algunas trabados trabas: la decisión del expresidente de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y, posteriormente, del exvocal de este organismo (uno de los que el Gobierno de Rajoy dinamitó para fusionarlo en la CNMC) a propuesta del PNV, Xabier Ormaetxea, de solicitar su reingreso en el consejo. Ambos habían ganado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra sus ceses anticipado, que el Alto Tribunal declaró ilegales e impuso su restitución y/o indemnización.

Esta obligación paralizó a principios de año la renovación del consejo, pues el Partido Popular quiso que Bernardo Lorenzo, que en su día fue nombrado presidente de la CMT a propuesta socialista, se incorporara ahora a la CNMC por la cuota del PSOE. Los responsables de esta formación política rechazó esta propuesta alegando que se trataba de un problema generado por el propio PP, que en 2013 decidió eliminar los antiguos organismos supervisores y la autoridad de la Competencia para fusionarlos en un nuevo organismo que ha resultado un rotundo fracaso y cuya segregación está en marcha con el acuerdo de todos los grupos políticos.

El problema se ha solventado con un reciente acuerdo económico con Lorenzo y Ormaetxea y el compromiso de incorporarlos a los consejos de los dos nuevos organismos derivados de la segregación, prevista para el próximo otoño. En su defecto, podrían sustituir a otros dos consejeros cuyos mandatos terminan en septiembre.

Otra causa de la ralentización del relevo hay que buscarla en las primarias del PSOE. Según fuentes del sector, el ministro de Economía ha preferido esperar a que se celebrasen “para no entorpecer el proceso”. El hecho de que las primarias se celebrasen el 21 de mayo y de que se mantuviese el objetivo de aprobar la renovación de la CNMC en el Consejo de Ministros del 26, hace pensar que el Gobierno confiaba en el triunfo de Susana Díaz, la candidata que apoyaba la gestora o autoridad competente hasta ahora.

Las mismas fuentes aseguran que, dado el resultado de la consulta, con el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general, la propuesta de cuotas será sometida a la aprobación de la nueva dirección del partido.

La escisión en marcha

En paralelo, tanto en ámbitos políticos como empresariales se espera que el Ministerio de Economía publique el anteproyecto de ley sobre la racionalización de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Una norma con la que se crearán las llamadas autoridades administrativas independientes (AAI). Además de la AAI de Competencia y la AAI de Supervisión, como resultado de la extinción de la actual CNMC, pero, se constituirán la AAI de Seguros y Planes de Pensiones; la de Protección de los usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros. Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se integrará en la CNMV, que también tendrá naturaleza de AAI.

Según la consulta pública sobre el citado anteproyecto que lanzó el pasado marzo Economía (un texto sin articular), uno de los objetivos es desarrollar un nuevo mecanismo homogéneo para el nombramiento de los órganos de gobierno de las entidades supervisoras. Con la actual normativa, por ejemplo, los consejeros de la CNMV deben abandonar su puesto en el momento en que concluye su mandato, no así los de la CNMC, que pueden continuar en el cargo hasta que el Gobierno, previo acuerdo con los grupos políticos, los releva, como ocurre ahora con tres vocales.

 

Nombramientos transparentes y por méritos

El anteproyecto de ley sobre la racionalización de los organismos supervisores de los mercados y la mejora de su gobernanza en el que trabaja el Ministerio de Economía, tiene como objetivo homogeneizar la naturaleza jurídica de varios organismos públicos, que se convertirán en autoridades administrativas independientes (AAI). Se trata de organismos que, como la CNMC, tienen personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido a control parlamentario.

El Gobierno aprovecha esta norma la segregación de la CNMC en dos organismos, los equivalentes a las dos Salas (la de Supervisión sectorial y la de Competencia) con que funciona actualmente. Un organismo que el mismo Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2013 y cuyo funcionamiento ha sido un fracaso, hasta el punto de que todos los partidos políticos incluyeron en sus programas electorales su separación.

Poco se sabe de la articulación del texto legal, si no es el documento que economía sacó a consulta pública en marzo. Con él se pretende unificar un criterio para el nombramiento de los órganos de Gobierno de las nuevas entidades (ademas de las resultantes de la división de la CNMC, la de Seguros, Servicios Financieros o la CNMV). Dichos criterios, según Economía, serán “la transparencia, la meritocracia, la participación democrática y la inexistencia de conflictos de interés”. para ello se fijarán procedimientos que garanticen la idoneidad de los candidatos.

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