El cambio en el PSOE enfría la reforma de las pensiones
Las portavoces del PP y PSOE en el Pacto de Toledo evidencian sus diferencias Los socialistas persiguen medidas para el PGE de 2018
La ambición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de sellar un gran pacto de Estado para la reforma del sistema de pensiones en esta legislatura empieza a enfriarse cada día que pasa.
El momento político, con un Ejecutivo en minoría y un PSOE debilitado por sus luchas internas, hace pensar, al menos, que los negociadores de la Comisión del Pacto de Toledo –que es uno de los foros dónde se negocia esta reforma; el otro es una mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales– estarían pensando en diseñar medidas para sanear algo las cuentas en el corto plazo y postergar un rediseño más profundo del sistema para una segunda fase.
De momento, ya ningún grupo parlamentario comparte el objetivo de la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, la popular Celia Villalobos, de tener un acuerdo cerrado antes del verano. Algo a lo que, sin embargo, aún no se ha desistido oficialmente.
Según distintas fuentes consultadas, el cambio de guardia en la cúpula socialista habría “descolocado a muchos en esta negociación”. De hecho, si primero se estaba a la espera de ver quién ocupaba la secretaría general, ahora, el regreso de Pedro Sánchez habría postergado nuevamente la postura de los socialistas en la negociación de la reforma de pensiones a la celebración del Congreso del partido en junio próximo.
Las portavoces del PP y el PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Carolina España y Mercé Perea, respectivamente, participaron ayer en una jornada sobre pensiones organizada por el Consejo General de Economistas y dejaron patente que las posturas para cerrar un acuerdo aún no están próximas, a pesar de que son coincidentes en algunos puntos.
Según Perea, desde el PSOE están “empujando al Gobierno para que tome medias en el corto plazo” para empezar en los Presupuestos de 2018 a sanear las cuentas de la Seguridad Social –cuyo déficit superó en 2016 los 18.000 millones–. Mientras que las recomendaciones del Pacto de Toledo que impliquen una reforma en profundidad del sistema se harían en una segunda fase. “Y siempre sin centrarse solo en la pensión de jubilación y sin olvidarse del resto de la protección social”, como la viudedad o la incapacidad, entre otras prestaciones.
Así fuentes socialistas admitieron ayer que habrían propuesto al Ejecutivo un plan para continuar con la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, pasando progresivamente a financiar con impuestos en lugar de con cotizaciones, capítulos de gasto como las reducciones y bonificaciones a la contratación y otras políticas activas o los gastos de gestión del sistema. Todo ello superaría ampliamente los 5.000 millones de euros. Junto a esto, los socialistas estarían planteando al Ejecutivo un plan plurianual para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 8% cada año, para presionar al alza el l resto de rentas salariales y elevar así los ingresos del sistema.
Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que los populares no estarían interesados en secundar estas propuestas del PSOE. “Ahora mismo solo les interesa negociar cómo se podría suavizar la reforma del 2013 (factor de revalorización actual de las pensiones y diseño del futuro factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019). Prácticamente todos los grupos parlamentarios se han manifestado en contra de ambos factores, por la pérdida de poder adquisitivo que supone el factor de revalorización; y el futuro recorte de las nuevas pensiones, el de sostenibilidad. De ahí que el PP quiera atenuar los cambios que les podría imponer la oposición en esta materia. Dicho esto, la portavoz Popular coincidió, en parte, en la necesidad de “profundizar en la separación de fuentes para liberar recursos”, como persiguen los socialistas y mencionó también traspasar el pago de reducciones y bonificaciones de cuotas de cotizaciones a impuestos. Además, añadió que se podría hacer este mismo traspaso de financiación con las pensiones de viudedad y orfandad o con el complemento por maternidad a las jubiladas.
Pero, ¿de dónde se sacaría el dinero para hacer estas transferencias del Estado a la Seguridad Social? PPy PSOE difieren. Carolina España abogó por mantener el actual ritmo de creación de empleo y Perea por “revertir la reforma fiscal de 2013 “que redujo los impuestos en 13.000 millones a las clases más pudientes”.
Otros puntos de vista
En paralelo a las negociaciones del Pacto de Toledo, el Gobierno estudia la reforma de las pensiones con empresarios y sindicatos. Esto opinan los agentes sociales.
Comisiones Obreras. El responsable de protección social de este sindicato, Carlos Bravo, participó ayer en la jornada organizada por el Consejo General de Economistas, donde reconoció:“Nos estamos demorando en tomar medidas a corto plazo” para reformar el sistema de pensiones. En este punto destacó que España tiene problemas para “moverse” porque tiene que cumplir con el objetivo de déficit que marca Bruselas. Y, en segundo lugar, consideró que el país tiene también un problema de distribución de rentas, tanto del trabajo como de ingresos fiscales. Bravo apostó por reequilibrar esta distribución reforzando la negociación colectiva;por subir las bases y pensiones máximas; y por pactar el rediseño de los factores de revalorización y sostenibilidad.
CEOE. Los empresarios creen que hay que definir qué pensiones se quieren pagar, abordando las nuevas situaciones sociales en los casos de viudedad, empleo esporádico de los jóvenes o control del absentismo. Y rechazó cualquier subida de cotizaciones, que frenarían la creación de empleo.
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