La Ley que facilitará a las pymes acceder a contratos públicos
La normativa adopta medidas que “facilitan” la participación de las pymes en los procesos de contratación
La futura Ley de Contratación Pública facilitará el acceso de las pymes a este tipo de contrataciones, según el abogado de Fusco Consulting Juan Carlos Romar Villar, cuyas aportacionesal respecto han sido recogidas por la agencia EFE. En concreto, las novedades que contiene la futura normativa son:
- Empleo generalizado de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procesos de contratación.
- Supresión de modo definitivo del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.
- Implantación y muy posible generalización para los contratos de obras de un procedimiento abierto simplificado, más ágil y con menos exigencias formales.
- Desarrollo de una nueva regulación, más equilibrada, de la normativa relativa a la responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones.
De igual modo, este letrado ha recalcado que la normativa adopta medidas que “facilitan” la participación de las pymes en los procesos de contratación. Entre las mismas destacan la exigencia de que el contrato se divida en lotes, la reducción de las cargas administrativas y la posibilidad de que lo entes públicos paguen directamente a los subcontratistas.
A pesar de estos puntos fuertes, para Villar la futura ley “puede mejorarse” y son “múltiples” las enmiendas que los grupos parlamentarios han realizado para que se adopten otras medidas favorables a la participación de las pymes.
Entre las mismas destacan el establecimiento de unas condiciones de solvencia menos exigentes, mayor flexibilidad en el sistema de clasificación, acción directa del subcontratista frente a la administración para reclamar lo debido por el contratista y la exigencia de que este acredite a la administración los pagos a dichos subcontratistas.
Asimismo, entre las iniciativas no contempladas ni por la normativa ni por las enmiendas de la oposición parlamentaria, Romar Villar se ha referido a la necesidad de evitar las prerrogativas de la administración, y que estas “se conviertan en actuaciones arbitrarias”.
