Una normativa concursal que cumpla con su función
España ha pasado de 1.000 concursos anuales antes de la crisis a 9.000 en el peor momento de esta
El estallido de la crisis de 2008 y la avalancha de quiebras empresariales que esta trajo consigo han hecho necesario retocar la legislación concursal varias veces. La mayoría de esos retoques han sido aprobados a golpe de real decreto y tramitados posteriormente por ley. Han sido modificaciones sucesivas para mejorar una legislación concursal que antes de la crisis debía aplicarse a menos de 1.000 insolvencias al año y que en los momentos más graves de esta pasó a resolver más de 9.000.
Pese a que la cifra de concursos ha ido en retroceso desde 2013, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto nuevos puntos débiles que es necesario abordar. El Ministerio de Justicia quiere impulsar otra modificación –tanto de la ley Concursal como de la Ley de Segunda Oportunidad– para reforzar el cumplimiento del objetivo por el que ambas fueron promulgadas: procurar alternativas al cierre de empresas ahogadas por las deudas o por la caída de la actividad. Por un lado, es necesario identificar mejor el grado de culpa de cada parte: si existió buena o mala fe en el deudor y si el acreedor fue diligente al analizar a quien decidió prestar el dinero. También hay que resolver el problema de los concursos en los que no existe patrimonio suficiente para responder a todas las deudas. Se trata, esta última, de una cuestión delicada, en la que hay que conjugar el principio –básico en nuestro ordenamiento jurídico– de que el deudor responde con todos sus bienes con fórmulas que proporcionen una salida cuando ya no existe patrimonio.
La avalancha de insolvencias que ha vivido la economía española desde el estallido de la crisis nos ha dejado lecciones y cicatrices. Los concursos han colapsado los juzgados y evidenciado, entre otros aspectos, la necesidad de tratar con herramientas distintas los endeudamientos culpables o negligentes y aquellos que no lo son. Todo ello exige adecuar y flexibilizar la ley, pero hacerlo sin poner en riesgo el principio de equidad ni vulnerar los derechos de los acreedores. El Gobierno necesita apoyo parlamentario para llevar a cabo ese proceso, y debería obtenerlo.