Un esfuerzo extra para la banca española que es necesario meditar
La banca deberá aplicar la nueva circular del Banco de España a finales de este ejercicio
El sector financiero no ha terminado su larga carrera de fondo para cumplir con los requerimientos impuestos a la banca europea. Pese a los kilómetros ya recorridos, todavía quedan exigencias por cumplir para ofrecer al supervisor unos balances lo suficientemente sólidos y saneados . En ese contexto, el Banco de España ha optado por adelantarse a la entrada en vigor de las normas contables internacionales y dar otra vuelta de tuerca a las provisiones que deben realizar las entidades. El regulador ha comunicado a la banca, tal y como prevé la directiva de Basilea, que durante el primer año de aplicación de la nueva normativa de provisiones el efecto de estas deberá ser llevado contra capital, en lugar de contra la cuenta de pérdidas y ganancias, forma tradicional de computar las provisiones por impagos.
La banca deberá aplicar esta circular del Banco de España a finales del actual ejercicio, lo que supondrá hacer un esfuerzo extra por cumplir con esa exigencia. Los cálculos aluden a un impacto negativo medio en los ratios de capital de las entidades superior a 50 o 60 puntos porcentuales. Un mazazo para los bancos cuyo ratios están ya muy ajustados –como es el caso de Popular–, dado que no será hasta 2018 cuando se permitirá a las entidades provisionar contra beneficios. A ello hay que unir la obligación de volver a tasar todos los activos, alrededor de 500.000.
La banca española ha realizado un severo y exigente esfuerzo de saneamiento y recapitalización para dejar atrás la crisis financiera, reforzar los balances y volver a retomar con normalidad su función natural: impulsar el mercado del crédito. Esa catarsis ha dado sus frutos, pero también ha dejado cicatrices y –con la política de tipos bajos del BCE– ha cambiado los contornos del negocio, cuyos márgenes son ahora mucho más estrechos. La normativa de Basilea permite a los supervisores nacionales adoptar un periodo de transición de hasta cinco años, plazo que el Banco de España ha optado por reducir a uno solo. Imponer esa decisión, que supone un esfuerzo extra para la banca española, debería ir precedido de un serio ejercicio de análisis y prudencia.