Nadal calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social eléctrico lo pedirá
El ministerio calcula un coste de 236 millones, lo que implica a solo la mitad con derecho El nuevo mecanismo es tan enrevesado que resultará disuasorio
El Ministerio de Energía calcula que el nuevo bono social de la tarifa eléctrica, cuyo reglamento ha sido remitido a la CNMC para su informe, tendrá un coste de 236 millones anuales (algo más de lo que cuesta el actual sistema, de unos 180 millones), según la memoria económica del real decreto que desarrolla el RDL sobre pobreza energética y bono social aprobada en enero.
Este dato significa que solo un 45% de los hogares potencialmente beneficiarios del nuevo sistema ligado (solo en parte) a la renta, lo solicitará. O, visto al revés, si lo solicitaran todos los usuarios con derecho al mismo, la factura sobrepasaría los 400 millones (el coste lo sufragan todas las comercializadoras).
Ni el departamento que dirige Álvaro Nadal ni las compañías eléctricas parecen dispuestos a una avalancha de solicitudes lo que, según fuentes del sector, se solventará sin problemas: ni se aplicará automáticamente (los consumidores deberán pedirlo); ni se permite que lo ofrezcan las comercializadoras en el mercado libre, como en el resto de países, ni el Gobierno hará ninguna campaña informativa para conseguir cubrir a todos los que tienen el derecho. El cambio se anunciará a todos los clientes a través de “la típica carta informativa”, cuya redacción impondrá el propio ministerio.
Frente al actual sistema, según el cual tienen derecho al descuento en la factura cuatro colectivos concretos sin tener en cuenta sus ingresos totales, la nueva propuesta es un enrevesado mecanismo que incluye colectivos sin límite de rentas (familias numerosas y pensionistas mínimos); colectivos con límite de rentas (víctimas de género y de terrorismo) o familias con bajos ingresos: quienes reciban 1,5 veces el IPREM (9.600 euros) y no tengan menores a su cargo, tope que va aumentando según el número de menores en el hogar.
Todo ello trufado con determinados límites de consumo y unos descuentos que varían entre el 25% y el 50%, según la tipología del consumidor (vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social), se traduce en un mecanismo que, en teoría amplía el abanico de protección de cara a la galería política, pero, que en la práctica, y debido a su complejidad, dejará a la mitad fuera del mismo. Así lo reconoce el propio Gobierno, al estimar que solo se acogerán al mismo la mitad de los potenciales vulnerables, muchos de los cuales, están en el mercado libre y difícilmente regresarán al regulado.
Las eléctricas están en pleno proceso de elaboración de alegaciones, cuya presentación en la CNMC termina a principios del próximo mes. Pero ya avanzan que la operativa es mucho más complicada (incluso aunque solo disfruten del bono social la mitad de los beneficiarios) y que las distribuidoras tendrán más responsabilidades, ya que deberán trasladar a la comercializadora de referencia solicitudes del bono que los clientes presenten en sus oficinas. Tal como recuerdan en una compañía, “el procedimiento de validación de la concesión del bono por parte del ministerio se deja a un desarrollo futuro vía resolución, por lo que va aún para largo”.
Un punto de fricción se refiere a los usuarios en riesgo de exclusión social o los vulnerables severos, a los que no se puede cortar la luz por impago o disfrutan de un plazo mayor de aviso. En este caso, los servicios sociales tendrán que determinar en menos de dos meses en qué categoría se encuadran. En todo caso, estos sólo van a poder realizar gestiones sobre los clientes de los que tengan información en sus bases de datos. “Una labor muy complicada y trabajosa”, pues tendrán que cruzar semanalmente los listados de cortes programados con sus datos, lo cual puede plantear problemas de información y procedimiento, tanto del mercado regulado como libre.
Las eléctricas recurrirán
Tal como reconocen en privado, las grandes eléctricas volverán a recurrir ante el Tribunal Supremo la obligación que les impone el RDL sobre pobreza energética y bono social convalidado a finales de enero en el Congreso, de financiar el coste del bono social de la tarifa. El Supremo les ha dado la razón en dos ocasiones (la última una sentencia de noviembre) y, a pesar de ello, el Gobierno ha vuelto a insistir.
Pero no será hasta que no entre en vigor el real decreto ahora en trámite que los desarrolla, cuando las compañías puedan ir al Supremo, pues solo pueden denunciar normas sin rango de ley. También estudian la posibilidad de recurrir otros puntos del RD más allá de la polémica financiación.
Aunque el mecanismo será disuasorio por complejo, las empresas rechazan una adjudicación automática del bono, para evitar el caso de Portugal: el Gobierno lo adjudicó de forma automática pasó de 140.000 a 820.000.
Los países europeos pagan con fondos públicos y ofrecen un bono del gas
El bono social de la tarifa es un beneficio que, de un modo u otro, aplican los principales países europeos. España es el único país de seis analizados que no ofrece un descuento en el recibo del gas a consumidores vulnerables y prácticamente el único que no carga su coste a los Presupuestos del Estado (en algunos casos, se trata de un sistema mixto: fondos públicos y resto de consumidores), sino a las comercializadoras eléctricas. Además, es el único de la zona euro que excluye del mismo a los clientes en el mercado libre.
Esta es la comparación, según distintos estudios, como el de Selectra España.
Francia
El Gobierno galo ofrece un descuento en las facturas de la luz (entre 71 y 140 euros anuales) y el gas (entre 23 Y 185 euros) que se renueva cada año. Inscribirse es automático y el Estado da el ok tras cruzar los datos. En el caso de la electricidad, se aplica según de la potencia contratada ( menos de 3kW) y el gas, del nivel de consumo. Estos descuentos los asume el Estado y el resto de consumidores a través de tasas en la factura de la luz y el gas. En el primer caso, la contribución es de 22,5 euros MWh al año y en el del gas la tasa es superior a 4 euros MWh, aunque incluye más conceptos. Cualquier compañía puede ofrecer estos bonos, de los que se benefician cuatro millones de hogares. Las beneficiarias son familias con bajos ingresos (2.175 euros brutos al año per cápita) o que cuentan con un seguro básico de salud (para rentas inferiores a 8.700 euros si es una sola persona). El Gobierno francés está estudiando la posibilidad de sustituir este sistema por el cheque energía, con el que pagar parte de la factura o reformas de la vivienda destinadas a ahorrar energía.
Portugal
En el país vecino existen dos tarifas sociales, para la electricidad y el gas,. Se trata de un descuento del 33,8%, en el primer caso, y del 31,2%, de las tarifas de acceso a las redes, que calcula el regulador energético (ERSE).En el caso de la luz, son las generadoras las que asumen dicho descuento (73,8 millones este año) y en el gas, lo sufragan los usuarios según su consumo. Cualquier comercializadora puede ofrecer estos bonos, que se aplican automáticamente cuando la Seguridad Social y Hacienda lo comunican a la compañía. También el ciudadano puede pedirla si cree tener el derecho. Los beneficiarios son hogares con pocos recursos (a partir de 5.808 euros al año con una persona dependiente) o que reciban otras ayudas sociales (las destinadas a ancianos, el paro o jubilación). Desde la aplicación automática, el número ha subido de 140.000 a 820.000.
Gran Bretaña
En este país no hay ayudas específicamente ligadas a la renta, sino para situaciones concretas:por ejemplo, si la temperatura se sitúa por debajo de cero grados durante más de siete días se fija una ayuda de 23 libras por cada periodo semanal, que se ingresan en la cuenta del cliente. Hay un segundo tipo de ayuda para ancianos con problemas para pagar la factura en invierno (en los meses de noviembre y diciembre), que se ingresan también en el banco y oscilan entre 100 y 300 libras y otras para lograr el aislamiento de las viviendas. Se trata de planes para electricidad y gas, que se traduce en un descuento en la factura una vez emitida. El primero de ellos se ofrece a personas con pocos recursos, pensionistas o parados.
Italia
En Italia los descuentos en las facturas de la luz (un 20%) y el gas (un 15%) reciben el nombre de bonus sociale y se destinan a familias numerosas con cuatro hijos, las que tienen dificultades económicas, así como personas con una enfermedad que requieran equipos con suministro eléctrico. El bono va destinado tanto a usuarios del mercado libre como regulado y lo ofrecen todas las comercializadoras. La ayuda está regulada por la autoridad del sector (AEEGSI) con la colaboración de los ayuntamientos. El coste corre a cargo de los Presupuestos y una tasa en las facturas energéticas. Los límites de renta están en 8.107 euros con carácter general y 20.000 euros, las familias numerosas. En total, un millón de beneficiarios.
Bélgica
La tarifa social en Bélgica se aplica a la luz y el gas y se revisa cada seis meses. Se trata de un precio especial para clientes protegido (o regional o federal), que equivale a la tarifa más barata del mercado. Tienen derecho al mismo clientes que ya son beneficiarios de algún tipo de subsidio público; discapacitados; pensionistas o arrendatarios de viviendas sociales. Los clientes federales protegidos se benefician automáticamente de la tarifa social, los regionales deben solicitarla ante la distribuidora. El precio lo fija el regulador sectorial de gas y luz (CREG).
España is diferent
Tanto el bono social vigente como el que lo va a sustituir difiere del aplicado en otros países europeos en que lo financian los Presupuestos o tasas en la factura; se aplica también al gas y ha libertad para que lo ofrezcan todas las comercializadoras. El Ministerio de Energía rechaza una armonización de estas tarifas sociales y prefiere que sea discrecional, tal como figura en las alegaciones presentadas sobre la directiva del diseño del nuevo mercado eléctrico europeo.
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, daba recientemente su opinión sobre el bono social de la zona euro: “Son modelos aceptables, el problema es que en España queremos desarrollar algo distinto, no solo desde el punto de vista económico, sino también en el logístico”. Y añadió: “atender millones de señales de corte no es fácil y requiere de un montón de medios, sistemas y, al final, costes”. Respecto a la ley de pobreza de Cataluña criticó “que no se aplica en ningún país de Europa”.
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