Financiación de cursos formativos

CEOE: El dinero de las empresas para formación no debe ir a los parados

Los empresarios quieren cambiar todo el sistema de formación aprobado en 2015

Proponen que, "de forma transitoria", la formación de parados pase a costearse con impuestos

El presidente de CEOE, Juan Rosell (d), y el presidente de la Comisión de Formación de CEOE, José Antonio Sarría (i), presentan el Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo.
El presidente de CEOE, Juan Rosell (d), y el presidente de la Comisión de Formación de CEOE, José Antonio Sarría (i), presentan el Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo.

Los empresarios de la patronal CEOE-Cepyme consideran que es "incoherente" que la inmensa mayoría del dinero para financiar la formación de los parados salga de las cotizaciones por formación que pagan las empresas y los trabajadores en sus nóminas cada mes.

Así lo han explicado hoy el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el responsable de la Comisión de Formación de la patronal, José Antonio Sarriá, durante la presentación del Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo, donde han puesto negro sobre blanco la ya histórica reivindicación empresarial de gestionar todo lo que se recauda por la cuota de formación y que, según varias sentencias de los tribunales, tiene un carácter finalista para formar fundamentalmente ocupados.

Sin embargo, esta cuota --que sale del 0,7% del salario del trabajador que se ingresa en la Seguridad Social cada mes; un 0,6% a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del empleado-- se destina casi a partes iguales para costear la formación de trabajadores ocupados y de parados. En 2016, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) recaudó 1.906 millones de euros por la cuota formativa pagada por empresas y trabajadores. Si bien solo se destinaron 974 millones a costear cursos para ocupados y los 932 restantes se invirtieron en financiar la formación a desempleados.

Es más, la patronal ha hecho un cálculo acumulado, según el cual entre 1993 y 2016 se han recaudado 35.215 millones de euros por las cotizaciones de formación y han revertido en formación de ocupados 20.682 millones, el 58,7% del total.

"Entendemos que si alguien está ocupado y cotizando por formación y se queda en paro se pueda beneficiar de esta formación", ha dicho Rosell. Por ello, ha explicado que los empresarios no quieren pasar a gestionar toda la cuota de formación para los parados "de la noche a la mañana", sino que abogan porque se establezca un "periodo transitorio", que no especifican, al final del cual, la formación de desempleados corra a cargo "fundamentalmente" de los presupuestos públicos (de ingresos tributarios) del Estado y las comunidades autónomas y del Fondo Social Europeo.

Esta es la principal reivindicación empresarial, pero no es la única. De hecho, el libro blanco elaborado por CEOE aboga por una total reforma del sistema de formación profesional aprobada en 2015 de forma unilateral por el Gobierno y sin el acuerdo de los agentes sociales, tal y como ha recordado hoy Rosell.

En el cambio que propone la patronal se mantendría el actual sistema de caja única en la recaudación de las cotizaciones por formación. Esto es, que empresas y trabajadores seguirían ingresando el 0,7% de los salarios en la Seguridad Social todos los meses , pero la gestión de la mayoría de estos fondos no se llevaría a cabo desde el Gobierno, como ocurre en la actualidad.

Para ello, piden que la actual Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antes Fundación Tripartita) --gestionada en un 51% por el Ministerio de Empleo y en un 49% por patronal, sindicatos y comunidades autónomas a partes iguales-- "se sustituya por otra regulada por derecho privado y donde la gestión del dinero cambie el actual régimen de reparto de subvenciones por otro".

Si bien, en la actualidad de los 974 millones que se destinaron a ocupados a través de la gestión de la Fundación Tripartita en 2016, solo 194,7 millones fueron a parar a los planes de oferta (subvenciones a repartir entre patronal, sindicatos y centros formativos en libre concurrencia) y el grueso lo forman los 610 millones que se destinaron a las bonificaciones directas a las empresas para la formación de sus empleados. Además, otros 114,7 millones se reparten entre las comunidades autónomas.

Fracaso del nuevo sistema

El libro presentado hoy recoge también un "balance negativo" de la reforma del sistema de de formación profesional que entró en vigor en 2015. Según los empresarios "se están formando muchos menos trabajadores, que están participando un número significativamente menor de empresas, sobre todo de aquellas de menos de 10 trabajadores, y que se están generando excedentes cuantiosos en el presupuesto que no son aplicados a la formación".

En concreto, las empresas que dan formación a sus empleados a través de las bonificaciones de los programas denominados de demanda han pasado de 471 en 2014 (antes de la reforma) a 368 en 2016, un 22% menos. Y precisan que de las 103.347 empresas que han abandonado la formación bonificada de sus empleados desde 2014, "la gran mayoría (99.395) tenían menos de 10 trabajadores.

Además, CEOE ha calculado que dichos excedentes que no se reanualizan al presupuesto del año siguiente ascienden a unos 450 millones de euros acumulados desde 2011.

La formación de oferta --aquella de carácter sectorial y en su mayoría estatal, que está completamente abierta a la libre concurrencia desde 2015 y, por lo tanto, concursan por las subvenciones en idénticas condiciones patronales, sindicatos y centros privados de formación-- también sale malparada.

Según precisan los empresarios, este nuevo sistema "no ha conseguido que haya más concurrencia de entidades de formación (privadas) en 2016 que en 2014". Así, el pasado año participaron en la convocatoria 1.101 entidades distintas frente a las 882 registradas en 2016.

Las patronales denuncian que, además de disminuir las entidades formativas que participan en los cursos, "se ha incrementado la concentración de plantes y programas en algunas endidades beneficiarias y centros económicamente más potentes", según recoge un estudio independeinte del Centro de Estudios Económicos Tomillo, encargado por la Fundación Estatal para la Formación para el empleo.

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