El océano normativo de una Administración que castiga a las empresas
Las compañías están obligadas a elaborar encuestas para el INE con datos que ya son públicos
La producción normativa cumple una regla inmutable: cuanto más profusa, menos eficaz. A pesar de lo incuestionable de esta afirmación, nuestros legisladores siguen apostando por la cantidad e ignoran que no hay peor ley que la que se promulga y no se cumple sin que ello tenga ningún efecto posterior. Un informe de la CEOE sobre la producción normativa en España ofrece datos llamativos. Durante 2016, el Boletín Oficial del Estado dedicó casi 172.000 páginas a nuevas normas a nivel estatal, que sumadas a las 724.000 publicadas por las comunidades autónomas hacen un volumen cercano a las 900.000 páginas. Y ello, pese a la evidente bajada de producción normativa por el periodo de Gobierno en funciones desde diciembre de 2015 a noviembre del pasado año, lo que supuso un descenso superior al 50% respecto al año anterior. Por si no queda claro el océano normativo en el que deben moverse los ciudadanos y las empresas que quieren cumplir la ley, véase este simple dato histórico: entre 1970 y 2016, se aprobaron en España 41.336 normas de carácter estatal, es decir, 899 al año o, lo que es lo mismo, 2,5 al día. Tal avalancha, unida a las miles de normas procedentes de las comunidades autónomas, obliga a empresas y ciudadanos a moverse en una jungla de la que solo salen beneficiados los asesores que viven, y generalmente muy bien, de desbrozar tal maraña.
Lo peor es que esta tormenta normativa se retroalimenta a sí misma. Como ejemplo, las llamadas encuestas estructurales que por ley están obligadas a elaborar las empresas para el INE. Una gran pérdida de tiempo, dinero, recursos humanos y energía, que además transita bajo la amenaza de sanciones si se incumple. Son estudios como la Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial y Sector Comercio y la Encuesta Anual del Sector Servicios, para investigar las características de las compañías y sus sectores. Las empresas las han de elaborar con datos que ya constan en diversos entes públicos, desde el Registro Mercantil hasta la Tesorería de la Seguridad Social, a los que podría acceder el INE. La Administración se empeña, sin embargo, en que las empresas le hagan el trabajo, cuando el esfuerzo de estas debe ser crear riqueza y empleo.