Editorial: Una fiscalidad que incentive la recuperación
Los cambios que el Gobierno introdujo en 2014 han cumplido con su función, pero no han resuelto viejos problemas pendientes
A partir del 5 de abril, la Agencia Tributaria pondrá en marcha la campaña de la Renta de 2016, cuyo objetivo es lograr que 19 millones de contribuyentes españoles hagan cuentas con Hacienda. La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2014 estableció una bajada impositiva a aplicar en dos fases (2015 y 2016) y se centró en tres grandes capítulos: la rebaja de la tributación de la renta, el trato fiscal del ahorro y la fiscalidad de las empresas. La reforma ha dejado un impuesto articulado en cinco tramos, con tipos impositivos de entre el 19% al 45%, en el que se mejora el trato fiscal de los rendimientos del ahorro y de las plusvalías, además de incluir medidas que fomentan el ahorro a largo plazo en nuevos productos financieros.
El objetivo de la reforma fiscal que Rajoy introdujo en 2014 –una legislatura que se inició con el mayor incremento fiscal vivido en siete lustros de democracia– fue dotar a los ciudadanos y las empresas españolas de un poco de oxígeno que permitiese dinamizar la demanda interna e incentivar el consumo y la inversión. La rebaja del IRPF ha constituido así uno de los factores clave que han posibilitado la recuperación económica en los últimos ejercicios, al sumarse al potente efecto de los programas de compra de deuda del BCE, la devaluación del euro y la caída del precio del crudo.
Las modificaciones que el Gobierno introdujo en esa reforma han cumplido con su función, pero no han resuelto viejos problemas pendientes que justifican una nueva vuelta de tuerca a la reforma. Es el caso de la urgente necesidad de flexibilizar y simplificar un sistema tributario que sigue siendo excesivamente oscuro para los contribuyentes y las pymes, en parte por estar plagado de una maraña de deducciones y bonificaciones que complican innecesariamente el cumplimiento de los deberes fiscales, pero que ofrece, al tiempo, oportunidades a las grandes compañías para reducir su factura con Hacienda. Otro tanto ocurre con los desequilibrios entre las distintas comunidades autónomas y las acusaciones de dumping fiscal de unas a otras, una cuestión que se pondrá sobre la mesa con ocasión de la reforma del sistema de financiación autonómica y que está directamente relacionada con el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal.
El Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos a no acometer nuevas subidas de impuestos a cambio del apoyo a los Presupuestos. Y es que suavizar la carga fiscal de las empresas y las familias –siempre que ello no dañe el cumplimiento de los objetivos de déficit público pactados con Bruselas– debe ser una aspiración permanente en una política económica que quiera potenciar y consolidar la recuperación. Se trata de una decisión que debe adoptarse bajo criterios de prudencia, eficacia y equidad.