Competencia

La CNMC pide más castigo para los directivos que violen la competencia

Competencia reclama también más posibilidades para demandas colectivas

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere dejar atrás la actual Ley de Defensa de la Competencia, en vigor desde 2007. Para ello, el organismo ha comenzado una serie de consultas públicas y reuniones para abordar cambios de cara a una futura ley, según fuentes de la comisión.

El principal argumento que maneja la CNMC para abordar este cambio consiste en que el texto actual tiene diez años, un periodo en el que se han producido cambios regulatorios suficientes como para tener que actualizar la normativa, empezando por la creación del propio organismo, en 2013.

El nuevo texto buscará aclarar algunas de las medidas incluidas en el actual reglamento. Especialmente destaca la intención de concreción y mayor claridad para el sistema de sanciones ante las infracciones de la ley de competencia. En este sentido, las citadas fuentes argumentan que se quiere acabar con “la actual discrecionalidad” en las decisiones.

Las mayores sanciones

l Concesionarios: Sancionó a 21 marcas de coches con 170 millones.

l Pañales: Nueve fabricantes de pañales para adultos fueron multados con 130 millones.

l Basuras: 98 millones de multa para 42 empresas de gestión de residuos.

l Leche: 11 empresas lácteas fueron sancionadas con 88 millones.

l Mercancías: Renfe y Deutsche Bahn recibieron una multa conjunta de 75,6 millones.

Pero más allá de aclarar las sanciones a las empresas, la CNMC quiere que la reforma se traduzca también en un aumento del castigo a los directivos de las empresas multadas. La actual ley incluyó por primera vez en España la capacidad de sancionar también a los responsables de las compañías acusadas de prácticas anticompetitivas, equiparándose a otros países europeos. Sin embargo, se impone un límite de 60.000 euros de sanción, un tope que el organismo regulador busca elevar para que haya un efecto disuasorio real.

Aunque estas sanciones existen desde 2007 no fue hasta el pasado ejercicio cuando comenzaron a aplicarse los castigos a los directivos. Fueron tres resoluciones que impusieron multas a 15 personas físicas, por un total de 147.150 euros. Estas sanciones se produjeron en su mayoría en el cártel a las empresas de pañales para personas mayores.

Actualización a las directivas

El organismo que preside José María Marín pretende, además, que la nueva ley incorpore cambios normativos que se han producido tanto a nivel nacional como comunitario desde 2007. En concreto, se quiere incluir la transposición de directivas como la de acciones por daños, aprobada en 2014 por las instituciones europeas, que facilita las demandas colectivas. Esta herramienta permitiría a los afectados por cárteles reclamar de forma conjunta.

A nivel nacional, la CNMC considera que en estos años se han realizado avances en las leyes de contratación con las administraciones públicas con el fin de dar mayor transparencia a estos procedimientos. El organismo considera que la adaptación de la ley de competencia a la de contratación pública ayudaría a reducir escándalos de corrupción.

El órgano regulador ha comenzado con la consulta y con reuniones con distintos sectores para trasladar las intenciones de la reforma del marco regulatorio. Una vez culminado este proceso trasladarán al Gobierno sus conclusiones. La CNMC reconoce que la actual ley, que entró en vigor durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó con consenso y se pretende lograr un gran acuerdo con el nuevo texto.

Las multas alcanzan los 1.053 millones desde 2013

La vida de la CNMC todavía es corta, ya que nació en octubre de 2013, hace algo más de tres años. Desde entonces, el órgano regulador ha impuesto 439 sanciones por un valor conjunto de 1.053 millones, contando con las que se han anunciado también durante 2017.

Sin embargo, pese a la importante cifra de las sanciones acumuladas hasta la fecha, todavía no se ha abonado ninguna de ellas. El órgano regulador defiende que esto es debido por un decalaje “lógico” que se produce por los recursos que plantean las empresas sancionadas ante la Justicia. Se calcula que este proceso se prolonga entre seis y ocho años, hasta que se ingresan las sanciones. La CNMC confía en recuperar el 80% de la cuantía total de las multas, unos 842 millones.

El pasado año el organismo desarticuló nueve cárteles e impuso sanciones por 227 millones. Más de la mitad del total, 130 millones, fue la multa que se impuso a un grupo de empresas fabricantes de pañales para personas mayores y dependientes por fijar precios. Fue la segunda mayor multa impuesta por la CNMC, solo superada por otro cártel, el de los concesionarios de automóviles, que denunció a las principales marcas y que tuvo una sanción de 170 millones.

En lo que va de año ha impuesto sanciones por 92 millones. Entre las multas destaca las impuestas la pasada semana. Sancionó a Renfe con 65 millones por impedir la liberalización del transporte de mercancías, y, por otro lado, a las eléctricas Iberdrola, Endesa, Gas Natural y Viesgo.

Por primera vez, la CNMC ha calculado el ahorro que ha supuesto su actuación para el consumidor. Según sus cuentas, ha supuesto en 2016 un ahorro de 861 millones y, desde 2013, un acumulado de 2.064 millones.

Telecos y eléctricas en el punto de mira

En lo que va de año, el presidente del organismo regulador, José María Marín Quemada, parece haber puesto en el punto de mira a dos sectores en concreto: las telecomunicaciones y las eléctricas.

En lo que se refiere a las telecos, la CNMC ha sancionado en dos ocasiones en el arranque del ejercicio a Telefónica, sumando una multa de ocho millones, y a Orange con 16.000 euros.

A ello se une una advertencia lanzada la semana pasada por parte de Marín Quemada, señalando que le “inquietan” las subidas de precios aprobadas por las tres principales telecos. El directivo aseguró que “está siguiendo la situación”.

En concreto, el Marín Quemada se preguntó si los servicios que aportan añadidos junto a la subida de precios son realmente necesarios para los clientes. “Sería más razonable dar a elegir”, advirtió.

En cuanto a las energéticas, la CNMC impuso una multa de 155.000 euros a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo, que fueron denunciadas por formalizar contratos sin el consentimiento de varios clientes. Además, EDP había sido sancionada en febrero con 900.000 euros por penalizar a un cliente por cambiar de suministrador. También ha perseguido a comercializadoras por no prestar las suficientes garantías.

Marín Quemada también se refirió hace unos días a la economía colaborativa y su “difícil regulación”. Para ello, el presidente de la CNMC pidió al Gobierno “dar respuesta” a este nuevo fenómeno.

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